La aparición de las plataformas de intermediación urbana o servicio de taxi por aplicativo ha permitido que más peruanos puedan movilizarse de una manera eficiente, segura e inteligente dando una solución incluso al problema del transporte público de una manera formal y segura que es inherente en sus características tecnológicas, y de fácil entendimiento en un mundo digitalizado.
Se conoce que solo en Lima Metropolitana y el Callao se realizan unos 24 millones de viajes a diarios, en diferentes modos de transporte, según cifras del Plan de Movilidad Urbana (PMU) de la ATU, sumado a la congestión vehicular, entre otros factores que dificultan que los limeños puedan desplazarse en diferentes puntos de la capital.
Bajo este contexto, la aprobación del proyecto de Ley 842 cuyo objetivo es regular a las empresas de intermediación permitirá transparentar aún más el servicio de transporte privado especial que prestan a fin de garantizar los derechos y la seguridad de los usuarios al estar consignadas dentro de un registro nacional de empresas privadas gestionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
El funcionamiento de este tipo de transporte, que es conocido con el término ‘ride-hailing’ a nivel mundial, ha dejado de ser solo una tendencia para convertirse en una necesidad cotidiana de los ciudadanos como el uso de otros servicios del hogar como el internet, cable, las redes sociales, etc. debido a que es un servicio de fácil acceso desde cualquier dispositivo móvil, además de otorgar información relevante del conductor y pasajero, conocer el costo del viaje, y la ruta del viaje que permite tomar una mejor decisión de rutas menos congestionadas para el conductor, entre otras características.
Entre 2021 y 2022 la cantidad de viajes solicitados a través de estas plataformas de movilidad urbana pasó de 299 mil a 531 mil traslados al día, lo que representa un incremento del 78%, de acuerdo a información del Instituto Peruano de Economía (IPE). Además, según un reciente estudio de Lima Cómo Vamos, 7 de cada 10 usuarios manifestaron estar más satisfechas en el uso de taxis por aplicativo, además de que un 27% de los encuestados valoran el aspecto de seguridad que les ofrece frente a los otros tipos de transporte existentes.
Para el economista Hans Rothgiesser, las empresas de intermediación de movilidad urbana, operan bajo el modelo de economía colaborativa y desde hace más de una década trabajan conectando a pasajeros y conductores en el país siendo la tecnología un facilitador entre ambas partes, a diferencia de los taxis convencionales por lo que no deben ser agrupadas bajo un mismo concepto por tener características diferentes. “El Congreso no comprende la estructura de negocio de los taxis por aplicativo. Esto queda claro cuando uno revisa el proyecto de ley que han presentado para regularlos. No entiende que funcionan de una manera distinta a los taxis tradicionales. Para empezar, los taxis por aplicativos son formales y pagan impuestos. Funcionan de manera transparente. Los taxis tradicionales suelen ser informales. No tiene sentido que se pretenda regular ambas actividades con una misma norma, si son operaciones tan distintas. Insistir en esta norma es negarles a los pasajeros los beneficios a los que ya están acostumbrados. Hay que reflexionar qué es lo que realmente le conviene al país”, explicó Rothgiesser
Por su parte, Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, afirma que las plataformas tecnológicas de intermediación pueden brindar incluso mayor seguridad a los usuarios, pues brindan información de antemano sobre las características del vehículo, el número de placa, la identificación del conductor, su calificación en la prestación del servicio, entre otros.
“Los taxis por aplicativo ofrecen mecanismos de trazabilidad e identificación que no pueden brindar los servicios tradicionales. Es así que, es posible rastrear y registrar la información relacionada con las transacciones y actividades que ocurren en estas plataformas como seguimiento detallado de datos relevantes, la identificación de los conductores y pasajeros, la información sobre los viajes realizados, los pagos y otros aspectos operativos; optimizando la seguridad, la transparencia, la fiscalización y la calidad del servicio”, apuntó Iriarte.
En ese sentido, ambos especialistas coincidieron en que la regulación de los servicios privados de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas de intermediación debe responder a la naturaleza del servicio, ofreciendo una adecuada protección al consumidor, sea pasajero o conductor, y el proyecto de Ley 842 va por ese camino.
