Mientras el país enfrenta crisis de seguridad y recorte en servicios básicos, el Gobierno gasta más de S/71 millones solo en planillas para autoridades políticas con funciones cuestionadas por su utilidad real.
En medio de crecientes demandas ciudadanas por mayor seguridad, mejor salud y una educación de calidad, el gasto público en cargos políticos no deja de crecer. Según datos oficiales, el presupuesto asignado en 2025 al rubro de autoridades políticas —que incluye a prefectos y subprefectos— asciende a S/76 millones, de los cuales S/71,5 millones se destinan exclusivamente al pago de planillas.
Este monto ha generado duras críticas desde diversos sectores académicos y de la sociedad civil, que cuestionan la real necesidad de mantener esta estructura de representación política territorial. “Es un gasto puramente clientelista. Prefectos y subprefectos hoy no cumplen funciones relevantes en el sistema democrático, salvo responder a intereses del partido de turno”, señaló un especialista en gestión pública.
En plena ola de inseguridad, con regiones sumidas en el crimen organizado y con hospitales sin medicamentos, el elevado presupuesto para cargos simbólicos es visto como un claro ejemplo de populismo administrativo. Para muchos, se trata de una forma encubierta de sostener redes de poder político a costa del erario nacional.
Además, informes previos de la Contraloría ya habían advertido sobre la falta de resultados medibles de estos funcionarios. A pesar de su presencia en todas las provincias y distritos, su impacto en gobernabilidad, coordinación o prevención de conflictos sociales es prácticamente nulo.
En tiempos donde cada sol cuenta, mantener estructuras obsoletas no solo representa un despilfarro, sino un retroceso en la reforma del Estado que el país tanto necesita.
