El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afronta críticas tras revelarse que ejerció la defensa legal de personas condenadas por captar a una niña con fines sexuales y por violación a menores, lo que ha reavivado el debate sobre su idoneidad ética y política.
El actual presidente interino, José María Balcázar, ha sido centro de una fuerte controversia tras la difusión de registros que muestran que, en su ejercicio profesional como abogado, representó a individuos condenados por delitos gravísimos contra menores de edad.
Según documentos del Poder Judicial, Balcázar actuó en 2015 ante la Corte Suprema de Justicia del Perú como abogado defensor de un hombre sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por captar a una niña de 12 años con fines sexuales a través de redes sociales, un caso conocido como grooming que ocurrió en Chiclayo. El recurso de casación presentado fue finalmente rechazado por los jueces supremos.
Además, Balcázar representó legalmente a otro individuo que había sido condenado a cadena perpetua por violación sexual de una menor de edad y por forzar abortos sin consentimiento, en un caso que se extendió durante varios años antes de la sentencia definitiva. Su defensa buscó que se revisara la condena luego de cambios en la legislación, pero los magistrados rechazaron la solicitud.
Estas revelaciones se suman a otras controversias que rodean al presidente interino, pues en años recientes también ha expresado posturas polémicas sobre temas relacionados con menores de edad y derechos humanos, las cuales generaron rechazo de organizaciones defensoras de derechos de la infancia y de sectores políticos.
Analistas coinciden en que, aunque la defensa legal de un acusado forma parte del ejercicio profesional legítimo de un abogado, el hecho de haber representado a personas condenadas por delitos graves contra menores puede tener implicaciones políticas y éticas, especialmente para quien ocupa un cargo de alta representación pública y que enfrenta grandes expectativas de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
El caso ha prendido el debate nacional sobre la legitimidad y responsabilidad ética de los servidores públicos que, en el pasado, defendieron a personas con condenas por abusos a menores, y plantea preguntas sobre cómo se evalúa la trayectoria profesional de líderes políticos cuando esta se intersecta con temas de justicia y vulnerabilidad infantil.
