La congresista Tania Ramírez se ve envuelta en una controversia por las visitas del exministro del Interior a San Ignacio, en las que se cuestionan los intereses personales y la falta de resultados tangibles en materia de seguridad.
La congresista Tania Ramírez ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta, luego de que se revelaran detalles sobre una serie de visitas oficiales realizadas por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, a Cajamarca, específicamente al distrito de San Ignacio. Estas visitas han desatado sospechas sobre los vínculos personales y políticos que podrían estar influyendo en decisiones claves relacionadas con la seguridad ciudadana.
En septiembre de 2024, Santiváñez visitó San Ignacio prometiendo mejoras inmediatas en seguridad, con la llegada de nuevos efectivos policiales, patrulleros y motocicletas. Sin embargo, en su segunda visita, en febrero de 2025, las expectativas se vieron desbordadas: aterrizó en helicóptero acompañado de dos motocicletas en mal estado y un expediente técnico para la construcción de una nueva comisaría, valorada en S/17 millones, pero sin ningún respaldo de financiamiento.
Lo que llamó la atención fue la constante presencia de Rosa Ramírez García, hermana de la congresista, quien es conocida en la zona como «Tormenta». La oficial PNP tiene un papel clave en la comisaría local y estuvo involucrada activamente en ambas visitas ministeriales, lo que ha generado dudas sobre posibles beneficios personales derivados de estas acciones.
A pesar de las críticas, Tania Ramírez defendió su posición, negando cualquier tipo de beneficio personal: «No le debo favores a nadie», comentó ante los cuestionamientos. Sin embargo, las dudas persisten, especialmente porque San Ignacio recibió un despliegue ministerial considerable, mientras que otras provincias, como Cutervo, no tuvieron la misma atención. El alcalde de San Ignacio, Moisés González, señaló que en su distrito aún falta representación y mejoras reales en seguridad.
Por otro lado, especialistas en contrataciones públicas como Cecilia Ruiz Morales señalaron que entregar un expediente técnico sin respaldo presupuestal no tiene ningún impacto concreto. «No es un contrato, es solo papel», comentó, haciendo hincapié en que el despliegue logístico no ha generado mejoras tangibles en la seguridad local.
La situación sigue siendo un tema de controversia y seguimiento, dejando abierta la pregunta sobre los verdaderos intereses detrás de estas visitas y la gestión del exministro Santiváñez.
