La campaña presidencial se ha visto envuelta en un nuevo foco de controversia tras revelarse que Alfonso López Chau, candidato por el partido Ahora Nación, estuvo recluido en el penal de Lurigancho y otras cárceles durante la década de 1970, información que no fue consignada en su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE).
La acusación pública fue formulada por el excongresista y exalcalde Edgar Villanueva, quien señaló que López Chau —quien fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y hoy aspira a la presidencia— no transparentó ese episodio de su pasado, pese a haber sido sugerido por Villanueva a hacerlo para mayor claridad ante el electorado. Según el exparlamentario, López Chau habría estado varios meses en prisión durante el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, y incluso solicitó una amnistía en su momento.
El equipo de prensa de López Chau confirmó que el candidato efectivamente fue detenido durante la década de 1970, pero aclaró que esto ocurrió por razones políticas relacionadas con su oposición a la dictadura de Velasco, y que posteriormente fue amnistiado, por lo que no existe una sentencia penal ni antecedentes judiciales en su contra.
Especialistas en derecho electoral precisan que, si bien la ley obliga a declarar sentencias penales firmes por delitos dolosos, no existe una exigencia legal de consignar detenciones sin sentencia en la hoja de vida, lo cual complica los posibles efectos electorales de esta omisión. Sin embargo, el debate se ha centrado en la transparencia moral y política que los candidatos deben ofrecer al electorado, especialmente en el contexto de unas elecciones generales tan reñidas.
La controversia estalló en un momento clave de la campaña, cuando el electorado demanda cada vez más claridad y responsabilidad de los aspirantes a la Presidencia. Diversos analistas subrayan que la percepción pública sobre la integridad de los candidatos puede influir en el voto, y que temas como este podrían afectar la confianza ciudadana en los procesos electorales.
