El Décimo Juzgado Constitucional de Lima aceptó la demanda de hábeas corpus que busca la entrega inmediata de un salvoconducto a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez para que pueda viajar a México, además de proteger la inviolabilidad de la sede diplomática donde permanece asilada.
El Poder Judicial del Perú ha admitido a trámite una demanda de hábeas corpus presentada en favor de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, con el objetivo de que se le otorgue de forma inmediata un salvoconducto que le permita salir del país y trasladarse a México, donde tiene un asilo diplomático vigente.
La acción constitucional fue acogida por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima luego de que un ciudadano particular interponga el recurso contra varias entidades del Estado peruano, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El recurso no solo busca hacer efectivo el salvoconducto para que Chávez pueda viajar al exterior, sino también solicita que se establezca la prohibición de cualquier ingreso forzoso o intervención dentro de la Embajada de México en Lima, donde la exministra se encuentra desde noviembre de 2025 bajo la figura de asilo diplomático. El escrito alega que declaraciones recientes del presidente José Jerí, en las que se mencionó la posibilidad de usar medidas de fuerza para ejecutar una orden de detención, constituyen una amenaza real a la inviolabilidad de la sede extranjera.
Según la resolución judicial, las autoridades demandadas tienen un plazo para presentar sus descargos, lo que da inicio al proceso de análisis jurisdiccional. El caso ha generado debate en el país, ya que Chávez fue condenada a más de una década de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, pero su situación diplomática ha complicado la aplicación de órdenes de detención tradicionales.
Expertos constitucionalistas señalan que este tipo de recursos —cuando se refiere a la protección de derechos fundamentales y al respeto de la inviolabilidad diplomática— requiere una evaluación cuidadosa de tratados internacionales y normativas internas, especialmente por el rol de la Embajada de México como garante del asilo.
La admisión de esta demanda marca un hito en el proceso judicial y diplomático en torno a Betssy Chávez, y podría implicar decisiones relevantes sobre la aplicación de garantías constitucionales, la inviolabilidad de sedes diplomáticas y las obligaciones del Estado peruano frente a normas internacionales.
