Por Antero Flores-Araoz
Cada día y con más frecuencia, se observa en nuestra capital de la República y en las principales localidades urbanas, la existencia de propietarios y/o conductores de automóviles, camionetas y motocicletas, que anulan los silenciadores de sus vehículos y les colocan resonadores.
Así, con los vehículos con la supresión del silenciador y la conexión del resonador, hacen piques en avenidas, calles, plazas y otras vías de comunicación, a velocidades muy superiores a los máximos permitidos y haciendo un ruido aterrador, sobre todo en la noche y de madrugada, donde si bien hay muchísimos menos vehículos en circulación, tienen las vías más libres para hacer lo que les viene en gana.
Los reglamentos de tránsito y las disposiciones legales sobre ruidos molestos señalan claramente las velocidades máximas en que pueden circular los vehículos automotores y según categorías, así como los decibeles máximos en ruidos urbanos. Pues bien, pese a las normas se zurran en ellas y a altas velocidades y con ruidos intensos.
Las sanciones por tales infracciones son importantes y adecuadas, pero lo que falta es quien las aplique, pues los conductores de los vehículos hacen lo que les viene en gana.
Si se sabe en qué vías y las horas de los famosos piques bien podrían haber batidas policiales con o sin intervención y ayuda del Serenazgo.
No olvidemos que el Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, según el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución, tiene el deber de cumplirla y hacerla cumplir junto a las leyes y demás normatividad legal, al igual que las demás autoridades que dependen de él, como es la Policía Nacional, que jefatura aunque no comanda, por lo que esperemos que el Presidente pueda poner el orden que se requiere, incluyendo la prohibición de importación de los resonadores.
Con las altas velocidades a que se llega con los piques, se pone en peligro la vida e integridad de las personas, en adición a los daños materiales que se pueden infligir.
Con el intenso ruido se atenta además contra diversos Derechos Humanos, reconocidos en tratados internacionales sobre la materia como en nuestra Constitución, como son los derechos a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, al goce de ambiente adecuado y equilibrado, así como al desarrollo de la vida (inciso 22 del artículo segundo de la Constitución), que no pueden convertirse en letra muerta por la inoperancia o mala gana de las autoridades, que se dice son competentes, pero que día a día nos demuestran lo contrario.
Ya es hora que las autoridades cumplan a cabalidad sus funciones y dejen de evadir sus responsabilidades. Las diferentes inspectorías también deberían hacer lo suyo.
