La aplicación indiscriminada de esta ley pone en riesgo el empleo de 18 mil tripulantes, además de amenazar este soporte esencial para la economía local y nacional. “Los pescadores industriales NO somos criminales”, es el mensaje que los pescadores desean transmitir. La falta de comprensión respecto a su labor y la mala aplicación de esta ley está generando un clima de inseguridad y desconfianza.
El Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) ha denunciado la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en el sector pesquero, advirtiendo que las incautaciones realizadas bajo esta normativa están generando un clima de inseguridad jurídica afectando directamente los derechos y la estabilidad de miles de trabajadores del mar. Esta ley, cuyo objetivo inicial es incautar bienes adquiridos de manera ilícita, se ha convertido en una amenaza para las empresas pesqueras formales, las cuales operan bajo regulación estricta y cumplen con las normativas vigentes y además, genera incertidumbre entre trabajadores y proveedores que dependen de la pesca industrial.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la industria pesquera genera en el país más de 250,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un pilar de la economía en las ciudades costeras de Perú. Además, por cada empleo en el sector pesquero, se crean tres empleos adicionales en áreas relacionadas, lo que implica un total de más de 700,000 puestos de trabajo y un impacto positivo en millones de familias peruanas. La aplicación indiscriminada de la extinción de dominio pone en riesgo el empleo de 18 mil tripulantes, además de amenazar este soporte esencial para la economía local y nacional.
“Hoy estamos viviendo una situación de terror». He visto cómo incautan embarcaciones y tratan a nuestros compañeros como delincuentes; incluso podríamos ir a la cárcel. Solo queremos trabajar y sostener a nuestras familias. Yo soy un pescador honrado y legal; la justicia debe llegar para quienes cometen delitos, no para nosotros, los pescadores”, comenta Miguel Levano, pescador industrial afectado
Otro pescador, Gleny Walhoff, expresa su indignación: “Rechazamos las abusivas medidas que vienen ejecutando las autoridades, las cuales nos condenan y nos dejan sin nuestro lugar de trabajo. Somos hombres de mar, y es injusto que nos criminalicen por cumplir con nuestro deber. Las instituciones deberían velar por nuestra seguridad, no dejar sin trabajo a quienes seguimos la normativa. Invocamos a los congresistas a que revisen la forma en que se está ejecutando esta ley, que persigue a quienes no somos criminales.”
En un video testimonial difundido en TikTok los pescadores afectados exponen su realidad y lanzan un llamado urgente a las autoridades para que revisen la ejecución de la Ley de Extinción de Dominio en el sector pesquero.
La incertidumbre jurídica generada por estas medidas no solo afecta la estabilidad laboral de miles de pescadores y trabajadores dependientes de la industria, sino que también envía un mensaje preocupante a potenciales inversores nacionales y extranjeros. La aplicación de la extinción de dominio a empresas reguladas y legales distorsiona el propósito de la ley, que fue concebida como una herramienta para combatir la criminalidad organizada, y no para penalizar a trabajadores y empresas formales que son parte de la economía nacional.
“Luchamos por nuestros derechos y por el futuro de nuestras familias. La pesca industrial no es un crimen, es una actividad que alimenta a la población y contribuye a la economía nacional. No dejaremos que nos quiten nuestra voz ni nuestro derecho al trabajo”, concluyen desde el Sindicato. Es urgente que se revisen y adapten las normas para que no se utilicen de manera arbitraria contra el sector pesquero o cualquier actividad ligada a esta norma.
