El Gobierno busca repatriar a reos peligrosos no peruanos, descongestionar cárceles y recuperar el control frente al crimen organizado.
El Gobierno del Perú anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad penitenciaria y combatir el crimen organizado, incluyendo la expulsión de delincuentes extranjeros de alta peligrosidad. La propuesta busca repatriar a estos internos a sus países de origen mediante acuerdos de cooperación bilateral, una estrategia que ya se estudia con centros especializados como el CECOT de El Salvador.
“Estamos comprometidos a recuperar el control absoluto del sistema penitenciario. El Perú no permitirá que sus cárceles se conviertan en centros de operaciones del crimen”, declaró el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación de la política general de gobierno ante el Congreso.
El Ejecutivo también planteó medidas adicionales como:
- El traslado de internos extranjeros a prisiones en sus países.
- Mayor vigilancia en los penales peruanos y reducción del hacinamiento.
- Incorporación de tecnología de seguridad y geolocalización para rastrear a extorsionadores.
- La aprobación de un financiamiento de 800 millones de dólares del BID y la CAF para construir el penal Ancón III, con capacidad para 16 mil internos.
Además, se implementará un nuevo penal de Régimen Cerrado Especial y se establecerá el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).
En paralelo, Arana pidió al Congreso acelerar la aprobación del Proyecto de Ley N.° 09085/2024-PE, que endurece penas por sicariato, extorsión y terrorismo urbano.
El Ejecutivo también anunció mejoras en el Sistema de Recompensas del Ministerio del Interior, garantizando pagos rápidos a ciudadanos que colaboren con la captura de cabecillas del crimen organizado. En ese contexto, se incrementó a un millón de soles la recompensa por información que conduzca a la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.
Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar una respuesta firme frente al crimen, reducir la impunidad y reafirmar la autoridad del Estado. “Nuestra democracia no será débil; será una democracia fuerte que enfrenta a sus enemigos con determinación y dentro del marco legal”, subrayó Arana.
