La polémica iniciativa busca trasladar a los delincuentes de alta peligrosidad a centros penitenciarios del país centroamericano, inspirados en el modelo Bukele. Expertos advierten sobre viabilidad legal y riesgos diplomáticos.
Una reciente propuesta presentada por un congresista de la República ha encendido el debate nacional: trasladar a reos de alta peligrosidad a cárceles de El Salvador como medida para reducir el hacinamiento en los penales del Perú.
La iniciativa, que toma como referencia el controvertido modelo penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele, plantea establecer convenios bilaterales con el país centroamericano para albergar temporalmente a internos con sentencias por delitos graves como homicidio, extorsión, secuestro o pertenencia a bandas criminales.
“El sistema penitenciario peruano está colapsado. Necesitamos soluciones drásticas. El modelo de El Salvador ha demostrado que se puede aislar efectivamente a los cabecillas criminales y recuperar el control del Estado”, declaró el legislador impulsor de la propuesta.
Actualmente, el hacinamiento en las cárceles del Perú supera el 130%, y muchos penales operan bajo el dominio de mafias internas. Frente a ello, esta medida busca no solo descomprimir las cárceles nacionales, sino también romper la cadena de mando criminal que se mantiene activa desde los centros de reclusión.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional y derechos humanos advierten que la propuesta podría ser inviable. “No existe un marco jurídico que permita la expatriación de condenados sin vulnerar derechos fundamentales ni tratados internacionales. Además, podría tensionar las relaciones diplomáticas con El Salvador”, señaló un exministro de Justicia.
Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación, señalando que las condiciones en las cárceles salvadoreñas han sido fuertemente cuestionadas por instancias internacionales.
La propuesta, aún en etapa preliminar, será debatida en la Comisión de Justicia del Congreso en las próximas semanas. Mientras tanto, el país se divide entre quienes exigen mano dura frente al crimen y quienes temen un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.
