El exmandatario se presenta sin abogados en la audiencia, calificando el proceso como un «juicio político» y reafirmando su decisión de no someterse al juicio.
Este 4 de marzo, el juicio oral contra Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 comenzó de manera poco convencional. Desde el penal de Barbadillo, los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema solicitaron la presencia de los acusados y sus abogados. Sin embargo, Castillo sorprendió al tribunal al presentarse sin defensa legal, explicando que se negaba a participar en el proceso.
Durante su intervención, el exmandatario intentó expresar sus razones para rechazar el juicio, pero los magistrados le aclararon que tendría la oportunidad de hacerlo más tarde. Castillo insistió en que no veía sentido en someterse a un juicio que calificó como «confinado» y que, según él, no garantizaba imparcialidad.
Ante la falta de una defensa, la Sala asignó a Edgar Callahualpa Quispe como abogado de oficio para representarlo. Este movimiento se produjo después de que Castillo compartiera un manifiesto previo al inicio del juicio, en el que reiteró su rechazo al proceso. «Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este juicio», afirmó en el documento, calificando la audiencia como un «juicio político con apariencia de juicio jurídico». Además, expresó que no aceptaba a los jueces designados como sus «verdugos» y destacó que la decisión de dar el mensaje a la Nación el 7 de diciembre fue exclusivamente suya, sin el consejo de abogados.
En su mensaje, Castillo insistió en que el golpe de Estado fue una respuesta a lo que él considera la «brutalidad» del Congreso y del sistema de justicia, a los cuales culpó por lo que describió como un acto de «odio de clase». A pesar de las pruebas en su contra, Castillo reafirmó que lo que expresó en su mensaje a la Nación fue un «discurso político», desmarcándose de cualquier responsabilidad penal.
