Pedro Castillo presenta denuncia penal contra 100 congresistas y Dina Boluarte: “Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos”

El expresidente Castillo presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal del mismo, argumentando que su vacancia no contó con los 104 votos exigidos por el reglamento del Congreso.

El expresidente Pedro Castillo Terrones presentó una denuncia penal contra 100 congresistas y la actual mandataria Dina Boluarte, por presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal del mismo, relacionados con su destitución del cargo en diciembre de 2022.

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, la defensa del exmandatario sostiene que el Congreso no cumplió con los requisitos legales para aprobar la vacancia presidencial, ya que se obtuvieron 101 votos, cuando el reglamento del Parlamento exige un mínimo de 104 votos (dos tercios del número legal de congresistas) para retirar a un presidente de su cargo.

En su pronunciamiento, Castillo afirmó que el proceso que derivó en su salida del poder fue “una decisión política, no jurídica”, y que con ello “violaron la ley y pisotearon el voto de millones de peruanos”.

El exmandatario, actualmente recluido mientras enfrenta otros procesos judiciales, indicó que su denuncia busca que se “restaure el respeto al orden constitucional” y se sancione a quienes, según su versión, “abusaron del poder y manipularon la voluntad popular”.

La denuncia también alcanza a la presidenta Dina Boluarte, a quien acusa de haber aceptado un cargo “de manera inconstitucional e ilegítima”. En respuesta, voceros del Ejecutivo han evitado pronunciarse sobre el tema, mientras que desde el Congreso algunos parlamentarios calificaron la acción como una “maniobra política sin sustento jurídico”.

El caso fue remitido a la Fiscalía de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación preliminar. De proceder, esta denuncia podría reabrir el debate sobre la legalidad de la vacancia y las tensiones institucionales que marcaron la crisis política de 2022.

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