El Gobierno reafirma que el megapuerto debe cumplir la normativa peruana y anuncia que evaluará recursos procesales para defender la regulación y fiscalización del Estado.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú se pronunció oficialmente sobre el proceso judicial iniciado por el consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP) frente a la Autoridad Supervisora de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), relacionado con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
Este pronunciamiento surge tras una resolución emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró fundada una acción de amparo presentada por la empresa y ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre el terminal portuario. La decisión judicial también declaró inaplicables ciertas normas legales que sustentan las competencias del organismo regulador sobre esta infraestructura.
La PCM, a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, recordó que el Terminal Portuario de Chancay es de propiedad privada, financiado con capital privado y sin contrato de concesión estatal. Sin embargo, el Ejecutivo enfatizó que esto no exime a la infraestructura de cumplir con la normativa peruana vigente en materia de seguridad, control aduanero, protección ambiental, prevención del delito y supervisión general.
El Gobierno subrayó que la economía peruana se basa en una economía social de mercado que promueve la inversión nacional y extranjera, protege la libre competencia y garantiza que todos los actores económicos estén sujetos a las mismas reglas, de acuerdo con el artículo 63.º de la Constitución Política del Perú.
Entre las instituciones que, según la PCM, deben ejercer sus competencias de regulación y control sobre las operaciones en Chancay se encuentran:
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN),
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI),
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT),
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La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP-DIRANDRO),
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
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Y la Municipalidad Distrital de Chancay.
La PCM también advirtió que, de confirmarse que la sentencia judicial limita las funciones de Ositrán y otras entidades, el Ejecutivo hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta para asegurar el respeto al marco legal y proteger las facultades regulatorias del Estado.
Este pronunciamiento se da en un contexto de debate jurídico y político sobre el rol del Estado frente a infraestructura estratégica operada por capital privado, y subraya la intención del Gobierno de defender tanto la inversión extranjera como la aplicación de las leyes peruanas en proyectos de gran impacto para la economía y el comercio internacional.
