La PNP y las Fuerzas Armadas destruyen 17 minas y 10 plantas ilegales. Las mafias pierden S/56 millones. El oro que brilla en Lima se mancha de sangre en los socavones.
La matanza de 13 trabajadores en Pataz no fue una excepción. Fue el síntoma brutal de un cáncer que el Estado ha dejado crecer durante años: la minería ilegal, armada, organizada y criminal, que opera impunemente en los cerros del norte del país. Entre el 17 y 20 de mayo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lanzaron la “Operación Pataz II”, la más vasta intervención del año: 17 minas y 10 plantas de procesamiento fueron voladas. La guerra contra el crimen organizado está en marcha, pero ¿llegó demasiado tarde?
La operación se centró en los sectores de Suyubamba, Los Manzanos y La Ciénaga, a escasas horas de donde fueron asesinados los 13 agentes de seguridad el pasado 26 de abril. El botín que custodiaban esos hombres —200 toneladas de oro valorizado en más de un millón de dólares— fue el móvil del crimen. Y también la prueba de que la minería ilegal es hoy la nueva industria de la muerte en el Perú.
Las cifras son escandalosas: más de S/56.7 millones es el cálculo de lo destruido en infraestructura clandestina. ¿Cuánto de ese oro ya está en joyerías, en bancos o en cajas de seguridad en Lima? Nadie lo sabe. Nadie lo quiere saber.
Minas criminales, oro sangriento
Los operativos revelan el nivel de organización y recursos de las mafias: explosivos, detonadores, excavadoras, miles de galones de combustible, generadores, carros mineros… un verdadero estado paralelo. Los túneles estaban construidos con ingeniería precaria pero efectiva, donde los policías debieron arrastrarse entre lodo y aguas negras para colocar los explosivos. Entrar a los socavones es, literalmente, entrar a una trampa mortal.
El Estado de Emergencia en Pataz no ha impedido que las bandas criminales se fortalezcan. En abril, antes de la masacre, ya habían atacado otra mina y asesinado a dos personas. La selva y los Andes están en manos de mafias mineras, mientras el Estado responde a medias, tarde y sin estrategia a largo plazo.
Lo dijo el general de la Policía Nacional, Manuel Lozada: “La guerra es adentro de la mina, no es afuera”. Y esa guerra lleva años sin un verdadero general del lado del Estado.
¿Cuántos “Cuchillos” más quedan sueltos?
El asesinato de los 13 trabajadores habría sido ordenado por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. ¿Dónde está hoy? ¿Cuántos como él operan desde las sombras, financiando asesinatos y robos de oro con total libertad?
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido un fracaso: más de la mitad de los inscritos en Pataz fueron expulsados en mayo por abandonar el proceso. Muchos de ellos pasaron directamente al bando de la ilegalidad.
Cada tonelada de oro que sale de una mina ilegal es oro sangriento. Y si el Estado no interviene en serio, ese oro seguirá financiando asesinatos, extorsión y corrupción.
