Paro indefinido en Machupicchu: denuncian contubernio de empresas y autoridades para bloquear ingreso de nuevo operador

Pobladores acusan a Consettur, PerúRail y autoridades locales de sabotear el traslado de buses de la nueva concesionaria de la ruta Hiram Bingham. El turismo en la zona está paralizado.

El distrito de Machupicchu entró desde este domingo en un paro indefinido pacífico, según anunció el Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu (FREDIM). La medida estalla en medio de fuertes acusaciones contra empresas privadas y autoridades por presuntamente bloquear el ingreso de 18 buses de la nueva concesionaria San Antonio de Torontoy, encargada de operar temporalmente la emblemática ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca.

La concesión estuvo en manos de Consettur durante 30 años, pero tras su término, la Municipalidad Provincial de Urubamba adjudicó de manera provisional el servicio a la empresa San Antonio de Torontoy. Sin embargo, hasta hoy, el inicio de operaciones no se concreta.

Darwin Baca, presidente del FREDIM, responsabilizó directamente a Consettur, en presunto contubernio con PerúRail y funcionarios públicos, de impedir el traslado de los buses mediante actos de sabotaje, desde corte de frenos en plataformas ferroviarias hasta la colocación de basura para bloquear los traslados. “Estamos sintiendo un contubernio entre las instituciones para que no ingrese el nuevo operador”, denunció.

Baca aseguró que existen videos, testigos y pruebas directas que implican a personal de Consettur en estos hechos. También criticó la “pasividad cómplice” de la Policía, la Fiscalía y de PerúRail, que no habrían actuado pese a presenciar los incidentes.

El paro ya paralizó comercios en Machupicchu Pueblo y, según los dirigentes, podría radicalizarse si el Estado no interviene. “Aquí los responsables son Consettur, PerúRail y las autoridades locales que mienten a la población con medias verdades”, afirmó.

El FREDIM exige garantías para que la nueva concesionaria inicie operaciones y pidió la instalación de una mesa de diálogo, aunque advirtió que no aceptará “empresas ilegales ni actos delincuenciales” que prolonguen el caos. “Si el Estado no hace respetar la ley, esto se va a convertir en un desorden público mayor”, sentenció Baca.

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