Gremios de transporte urbano formal de Lima y Callao confirmaron una paralización de actividades para este miércoles 14 de enero, como protesta por la creciente ola de ataques, extorsiones y asesinatos de conductores, y ante la falta de medidas de seguridad efectivas por parte del Estado.
Los principales gremios de transportistas de Lima Metropolitana y el Callao anunciaron que llevarán a cabo un paro de transportistas el miércoles 14 de enero, tras la escalada de violencia que afecta al sector desde hace meses, caracterizada por asesinatos, atentados y extorsiones contra conductores y unidades de transporte público.
La decisión fue confirmada por dirigentes como Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano. En conferencia de prensa, Ojeda denunció que el 80 % de los conductores ha sido víctima de extorsión, y aseguró que “no existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días”.
La protesta, que comenzó a organizarse tras reuniones con representantes del Gobierno, fue fijada para el 14 de enero luego de que inicialmente se contemplara una fecha distinta para mediados del mes. Los gremios precisaron que la medida será pacífica y busca exigir acciones concretas del Ejecutivo frente al aumento de la inseguridad que enfrenta el sector.
Según los dirigentes, se espera que más de 22 000 unidades de transporte urbano de diversas empresas de Lima y Callao acaten la paralización durante 24 horas, lo que podría generar una importante reducción del servicio en rutas clave de la capital.
Los transportistas han expresado también su preocupación por la falta de implementación operativa de la Ley 32490, que crea una unidad especializada para enfrentar al crimen organizado con participación de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunque la norma fue promulgada en noviembre de 2025, los gremios sostienen que aún no se ha definido su estructura ni se han asignado recursos, por lo que consideran que la ley “permanece como un documento muerto”.
La paralización del 14 de enero se da en un contexto de creciente descontento social por los índices de criminalidad que afectan al transporte formal, y representa un llamado de atención al Gobierno para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana y protección de los trabajadores del sector.
