- A partir del 15 de agosto, se desactivará el Certificado SEACE de los usuarios en seis regiones del país que no cumplan con dicho requisito.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) publicó el primer cronograma de implementación sobre la obligatoriedad de contar con la Certificación de profesional o técnico otorgada por el OSCE para contar con el Certificado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), tal como establece la Directiva N°003-2020-OSCE/CD.
Dicho requisito forma parte de la modificación de la referida directiva -que lleva por título “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”- vigente a partir del 09 de mayo de 2023.
Según el Comunicado N° 009-2023-OSCE, a partir del 15 de agosto próximo -fecha de inicio de la obligatoriedad- el OSCE procederá a desactivar el Certificado SEACE de aquellos usuarios que no cumplan con el requisito antes señalado en las regiones Callao, Cusco, Lima (incluye Lima Metropolitana y provincias), Loreto, Moquegua y Tacna.
En ese sentido, los funcionarios – usuarios del SEACE, según la región[1] del domicilio legal consignado en el Registro de Entidades Contratantes (REC), de la entidad en la que laboran, deben contar con la Certificación vigente de profesional o técnico otorgada por el OSCE. Para mayor información sobre el REC, ingresar al siguiente enlace: https://acortar.link/Va2RLd
De igual forma, la referida directiva señala que el OSCE publicará y difundirá paulatinamente los cronogramas para la implementación progresiva de esta obligatoriedad.
Los interesados en obtener más información sobre el proceso de Certificación como profesional o técnico del OSCE pueden acceder al siguiente enlace: https://www.gob.pe/7642 . Asimismo, se pone a disposición el canal de atención telefónica al 614-3636 y el «Formulario de Contacto» del portal web del OSCE, disponible en: https://www.gob.pe/osce .
El OSCE reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades y promover la certificación de los profesionales que intervienen en las contrataciones del Estado, con el fin de promover una gestión eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía.
