- A la fecha se han desactivado 1383 operadores del Seace. Próxima desactivación incluirá a usuarios de las entidades en Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín y Ucayali que no cuenten con certificación OSCE.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha desactivado a 239 usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) pertenecientes a las entidades ubicadas en las regiones Arequipa, Ica, Madre de Dios, Pasco y Tumbes, por no cumplir con la obligatoriedad de contar con la Certificación de profesional o técnico otorgada por la institución.
A la fecha el número de usuarios desactivados suman 1383; cifra que incluye, además, a las regiones Callao, Cusco, Lima, Loreto, Moquegua y Tacna.
Como es de conocimiento, el OSCE viene realizando esta acción de manera progresiva, según cronogramas informados mediante los Comunicados Nº 009-2023-OSCE y N° 011-2023-OSCE.
En ese sentido, se recuerda que la próxima fecha de desactivación de certificados Seace es el 15 de octubre, para aquellos usuarios obligados de contar con la Certificación OSCE de las entidades ubicadas en las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín y Ucayali; a partir del 15 de noviembre, para las regiones: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Puno y San Martín; y desde el 15 de diciembre, para las regiones: Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Piura.
Para evitar la desactivación del Certificado Seace, los funcionarios – usuarios del Seace, deben contar con la Certificación vigente de profesional o técnico otorgada por el OSCE, según la región del domicilio legal consignado en el Registro de Entidades Contratantes (REC) de la entidad en la que laboran.
Los interesados en obtener más información sobre el proceso de Certificación como profesional o técnico del OSCE pueden acceder al siguiente enlace: https://www.gob.pe/7642 o través de nuestros canales de atención de consultas: teléfono 614-3636 y “Formulario de Contacto” ubicado en el portal web del OSCE.
El OSCE reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades y promover la certificación de los profesionales que intervienen en las contrataciones del Estado, con el fin de promover una gestión eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía.
