Por Antero Flores-Araoz
Poco se ha dicho y escrito sobre los hechos que llevaron a la preparación y promulgación de la Constitución de 1993 y, por lo general la información se concentró mayormente en el conocido golpe de Estado del 05 de abril de 1992 mediante el cual el presidente constitucional de aquel entonces Alberto Fujimori Fujimori, elegido en el año 1990, cerró el Congreso de la República e intervino diversas entidades públicas, asumiendo el poder absoluto del país.
Los pretextos para el golpe de Estado fueron que el Congreso era corrupto y que obstaculizaba las labores del Poder Ejecutivo, así como que había que luchar contra el terrorismo. Señalamos que eran pretextos pues el Parlamento lo único que manejaba era su propio presupuesto. Por otro lado, colaboró en forma clarísima con el Poder Ejecutivo pues para el primer año parlamentario se eligió a Máximo San Román como presidente del Senado y a Víctor Paredes Guerra como presidente de la Cámara de Diputados, ambos de la bancada oficialista y además el primero de ellos vicepresidente de la República.
Además, el Congreso le otorgó facultades delegadas al gobierno de Alberto Fujimori para legislar en diversas materias, incluso varios códigos. Le fueron aprobados los presupuestos que el presidente Fujimori propuso al Congreso, al igual que sus viajes.
En cuanto a la supuesta motivación de que era necesario el golpe para luchar contra el terrorismo, ello fue falso de toda falsedad, pues lo contrario significaría que la Democracia es huérfana para enfrentar situaciones difíciles. El Congreso elegido también en 1990 le otorgó al gobierno de Fujimori facultades delegadas para la lucha contra el terrorismo y gracias a ellas se pudo en esos tiempos enfrentar exitosamente los actos de terror y hasta ubicar, detener y procesar judicialmente a la cúpula terrorista de Sendero Luminoso.
El golpe de Estado de Alberto Fujimori, lejos de merecer el repudio ciudadano fue aprobado por él, quedando la oposición de dichos tiempos en plena orfandad y encima con la prensa en contra. En los hechos la oposición había perdido protagonismo y requería recuperarlo en miras hacia el futuro.
El golpe de Estado de Alberto Fujimori coincidió con la realización de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, también conocida como Parlamento Mundial, que se efectuaba en Camerún donde la delegación peruana logró que se aprobase una declaración condenando la interrupción de la Democracia en el Perú, pese a la oposición de la delegación del Japón.
Algunos parlamentarios que estábamos en Camerún, fuimos requeridos por nuestros respectivos partidos a viajar a Francia para gestionar el respaldo de su Asamblea Nacional, para de allí pasar a Miami a donde acudiría Máximo San Román con el propósito de solicitarle que viajase con nosotros a Washington a fin de acudir en protesta a la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en la capital de los Estados Unidos de América.
La visita a la OEA fue en ese entonces infructuosa, nuestra recepción fue poco adecuada en el patio central, en que también pudimos advertir la presencia de los embajadores peruanos acreditados en varios países de nuestro hemisferio norte, así como ante algunos organismos internacionales, incluso embajadores que eran cónsules en importantes ciudades delos Estados Unidos. Uno de ellos trató de justificar su presencia pidiendo comprensión pues eran “profesionales”. Como la respuesta del autor de estas líneas fue bastante dura, me abstengo de repetirla.
Tanto el gobierno de Alberto Fujimori como la reducida oposición de aquel entonces tenían motivos para buscar soluciones que superen el entrampamiento existente. Fujimori quería mantener tranquilo al país para gobernarlo y, la oposición, quería recuperar presencia política que le permitiera en alguna medida también recuperar la simpatía ciudadana que se había aupado al gobierno.
Una de las salidas que en esos tiempos complicados se propuso, fue la convocatoria a una Asamblea o Congreso Constituyente que pudiese aprobar una nueva Constitución. La propuesta en cuestión fue tomada positivamente por algunas agrupaciones políticas pues les permitía tener nuevamente presencia real, aunque otros partidos políticos preferían abstenerse.
Como la OEA había sido llamada para que ayude a lograr fórmulas que hiciesen superar la situación existente, convocó a una Asamblea en Nassau, Bahamas y aquel 18 de mayo de 1992 estuvimos en ésa reunión Alberto Fujimori con parte de su gabinete ministerial, así como el autor de esta nota y Pedro Cateriano Bellido en representación de la oposición.
Alberto Fujimori llegó a Nassau con parte de sus ministros en vuelo acompañado de numerosos periodistas, así como también de quien fuese canciller del Uruguay don Héctor Gross Espiell, quien apoyando a Fujimori también buscaba una solución armoniosa al problema peruano. A diferencia del oficialismo los representantes de la oposición peruana fuimos impedidos de entrar al hotel donde se desarrollaba la Asamblea de la OEA y solo gracias a la ayuda y con las credenciales del diputado chileno Carlos Dupré Silva, pudimos ingresar al evento.
En la búsqueda de solución al problema peruano, tuvieron destacada participación no solamente Héctor Gross Espiell, sino especialmente el secretario general de la OEA el brasilero Héctor Baena Soares, así como los ministros peruanos Carlos Boloña y Alberto Varillas Montenegro, el primero titular de la cartera de Economía y Finanzas y el segundo de la de Justicia, quienes facilitaron los entendimientos para llegar a solución concertada.
La presencia de Alberto Fujimori en la Asamblea de la OEA, no todo le fue positivo, puesto que su canciller Augusto Blacker Miller, lego en materias diplomáticas, no advirtió a su presidente que los miembros de la Asamblea eran ministros, esto es políticos, no diplomáticos como en el Consejo Permanente de la OEA y, Fujimori dio un durísimo discurso en que denostaba de los partidos políticos y de los políticos.
Tampoco advirtió su canciller a Fujimori que debería hablar en la Asamblea con posterioridad al representante de la oposición, pero lo hizo antes, con lo cual se expuso a las respuestas contundentes del autor de esta nota.
Las expresiones de la oposición peruana, solo fueron reproducidas por el periodista Dennis Vargas Marín, los demás nada de nada, como si la oposición no hubiese concurrido a Nassau.
En Nassau y con la facilitación del secretario general de la OEA, se convino en que se convoque a una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución para el Perú, ello por cierto innecesario, ya que la Constitución de 1979 era una buena Constitución, pero se trataba de una transacción política atendiendo a la adversa aceptación de la oposición peruana por la población y a la frialdad y al genio práctico de Fujimori.
La Asamblea Constituyente fue convocada por Alberto Fujimori bajo la denominación de “Congreso Constituyente Democrático” (CCD), Parlamento de ochenta miembros con el encargo de dictar una nueva Constitución, pero adicionalmente sancionar la legislación regular, lo que se hizo en paralelo. Algunas agrupaciones políticas aceptaron el reto de la convocatoria al CCD y participaron en las elecciones, mientras otros grupos políticos se abstuvieron de participar. Quienes participaron querían recobrar presencia política, lo que era válido y razonable, pero además y principalmente para evitar que la nueva Carta fundamental tuviese normas inconvenientes.
En el debate para la preparación de la Constitución de 1993, tuvieron destacadísima actitud el presidente de la Comisión Principal, esto es Carlos Torres y Torres Lara, así como el presidente del CCD Jaime Yoshiyama, quienes en todo momento buscaron consensos mediante debates alturados y diálogos incluso fuera del hemiciclo parlamentario.
La mayoría del articulado constitucional recibió voto favorable de gran parte de las bancadas representadas en el CCD, además de aportes sustantivos de todas ellas, por lo que es erróneo calificar a la Constitución de 1993 como Constitución fujimorista, los opositores a Fujimori no estábamos ausentes sino muy presentes y activos en el CCD. La actitud de la bancada mayoritaria en los debates de la legislación regular en el Congreso Constituyente lamentablemente contrastó de la óptima alcanzada en el debate constitucional.
La Constitución de 1993, pese a la infinidad de enmiendas que ha tenido en el correr de algo más de tres décadas, sigue siendo una buena Constitución y no hay motivo alguno para sustituirla por otra, siendo claro que solo puede ser modificada total o parcialmente con el procedimiento que señala el artículo 206 de ella, esto es votación calificada en dos legislaturas ordinarias sucesivas o votación mayoritaria en una sola legislatura ordinaria seguida de referéndum confirmatorio.
Debemos reconocer que gracias al capítulo económico de la actual Constitución, el Perú creció en desarrollo e inversiones generadoras de puestos laborales, insistiendo en que tal capítulo debe mantenerse inexorablemente sin variantes. Si ha dado resultado, evidentemente no hay motivo para modificarlo.
Por último, es destacable la actitud del actual Congreso, que pese a todos sus defectos ha logrado regresar a la bicameralidad, lo que se hará efectivo en el próximo proceso electoral del año 2026. Entre la rapidez del trámite legislativo en el sistema unicameral, frente a la seguridad jurídica del bicameralismo, optar por esto último es más que satisfactorio. Bien por ello.
