El Ejecutivo endurece las normas contra la activación ilegal de líneas móviles y amplía la fiscalización a municipios y operadores.
Responsabilidad directa de las operadoras
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 128-2025-PCM, que dispone que las empresas operadoras de servicios móviles asuman la responsabilidad integral del proceso de venta y activación de líneas telefónicas, incluyendo el registro obligatorio de los vendedores que participan en la comercialización.
Nuevas reglas contra delitos informáticos
La norma complementa las modificaciones a la Ley N.º 32451 y al Código Penal, fortaleciendo las sanciones contra la activación ilegal de chips y la posesión no autorizada de tarjetas SIM. Con ello, se busca cerrar los espacios que facilitan el uso de líneas móviles para estafas, extorsiones y otros delitos.
Supervisión municipal y coordinación interinstitucional
El decreto también establece que las municipalidades distritales deberán reportar a OSIPTEL, la Policía Nacional y el Ministerio Público cualquier actividad informal vinculada a la venta de servicios móviles en la vía pública, reforzando el control en todo el país.
