Desde 2023, el Parlamento ha aprobado un conjunto de leyes que reducen el poder de fiscales y jueces, dificultan las investigaciones y protegen a redes criminales y partidos políticos bajo sospecha.
El Congreso de la República ha ejecutado, sin pausa y con el aval del Ejecutivo, una contrarreforma judicial que hoy deja al Estado más débil frente al crimen y la corrupción. En total son ocho leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que, bajo el argumento de “proteger derechos”, en la práctica han desmantelado los principales instrumentos que tenía la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar a políticos y empresarios.
1. Ley 31751 – “Ley Soto”: prescripción exprés de delitos
Reduce los plazos de prescripción penal, lo que significa que cientos de casos podrían archivarse antes de llegar a juicio. Su impulsor, el congresista Alejandro Soto, afronta denuncias judiciales y hoy preside el Parlamento.
2. Ley 32104 – segunda “Ley Soto”
Modifica las reglas de suspensión de plazos judiciales, acortando el tiempo que la Fiscalía tiene para investigar delitos complejos.
3. Ley 31990 – limitación de la colaboración eficaz
Restringe los beneficios y los plazos para quienes colaboran con la justicia, afectando directamente las investigaciones por crimen organizado y corrupción.
4. Ley 32130 – traslado de investigaciones a la Policía
Otorga a la Policía la dirección de investigaciones preliminares, restando poder al Ministerio Público y rompiendo el principio de autonomía fiscal.
5. Ley 32108 – nueva definición de “organización criminal”
Al modificar el concepto, eleva las exigencias probatorias para configurar una red criminal, lo que dificulta los allanamientos y medidas coercitivas.
6. Ley 31989 – debilitamiento del control contra la minería ilegal
Elimina competencias clave del Ministerio Público en la persecución de delitos ambientales y minería informal.
7. Ley 32181 – eliminación de la detención preliminar
Restringe severamente la figura que permitía capturar a sospechosos antes de su fuga o destrucción de pruebas.
8. Ley 32326 – obstáculos para la incautación de bienes
Endurece los requisitos para confiscar propiedades vinculadas a actividades ilícitas, lo que favorece la impunidad económica.
Cada una de estas normas, analizadas de forma aislada, puede parecer una reforma técnica. Pero en conjunto conforman un blindaje institucional que beneficia a los principales investigados por corrupción y debilita la capacidad de respuesta del Estado.
Hoy, el Ministerio Público ha advertido que estas leyes violan principios constitucionales y tratados internacionales. La sociedad civil exige su revisión y una reforma integral que devuelva equilibrio al sistema de justicia, antes de que la impunidad termine por institucionalizarse en el país.
