El organismo advierte que la independencia de los fiscales está bajo amenaza y que el país podría ser sancionado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó una advertencia frontal contra el Estado peruano: el país no está garantizando la independencia de los fiscales que investigan los casos más sensibles de corrupción. El golpe directo apunta a la manera en que se acosa e intimida a quienes integran el equipo especial Lava Jato.
Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticohecho de la OCDE, envió una carta a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que denuncia que, pese a las observaciones realizadas por la misión de alto nivel en su visita previa, persisten los ataques contra fiscales a través de investigaciones internas y disciplinarias que buscan neutralizar su trabajo.
“Perú no cumple con este requisito”, señala el documento, recordando que el artículo 5 de la convención de la OCDE exige que los países miembros protejan a sus fiscales y procuradores frente a interferencias políticas. La organización advierte que la persecución de los fiscales Lava Jato desde 2019 genera un efecto intimidatorio que pone en riesgo la lucha anticorrupción.
La presión internacional no se queda en palabras. La OCDE advirtió que si el Perú sigue ignorando estas recomendaciones, se evaluarán “medidas excepcionales” como pronunciamientos públicos, monitoreo especial y alertas internacionales por incumplimiento de garantías básicas.
En su carta, Roussel exige medidas concretas: protección contra remociones injustificadas, suspensiones arbitrarias y todo tipo de acoso que busque quebrar la independencia del Ministerio Público. El plazo está marcado: en diciembre de 2025, el Perú deberá informar a la OCDE qué acciones adoptó para cumplir con estas exigencias.
El mensaje es claro: el mundo está mirando, y el blindaje a los corruptos podría costarle caro al país en su proceso de adhesión al organismo internacional.
