El gobierno designó a Wilfredo Pedro Portilla Barrera como director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) pese a haber sido depurado del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no cumplir requisitos. Especialistas y congresistas advierten que esta decisión podría afectar la lucha contra la minería informal e incluso reflejar un conflicto de intereses.
El presidente José Jerí autorizó mediante Resolución Ministerial N.°012-2026-MINEM/DM la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como director general de la Dirección General de Formalización Minera en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), un cargo estratégico que conduce las políticas, normas y procesos para integrar a la minería pequeña y artesanal a la formalidad y combatir la minería ilegal.
La decisión ha generado polémica porque Portilla Barrera figura entre los más de 50 000 mineros excluidos en julio de 2025 del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al no cumplir con los requisitos mínimos para continuar en los procesos de formalización, según registros oficiales. Su exclusión había sido parte de una depuración que buscaba retirar a quienes no cumplían obligaciones básicas en la formalización minera.
El cargo que ahora ocupa es considerado clave dentro del Minem, ya que la dirección que encabeza tiene la responsabilidad de proponer y evaluar políticas de formalización, emitir normativas, generar indicadores de avance, y coordinar acciones con autoridades regionales y locales para avanzar en la legalización de actividades mineras, además de supervisar exclusiones y rechazos en el proceso.
Especialistas en temas mineros y ambientales han cuestionado la pertinencia de la designación, señalando que colocar al frente de un proceso de formalización a quien fue excluido precisamente por no cumplir requisitos puede generar un “conflicto de intereses” y enviar señales contradictorias en la lucha contra la informalidad y la ilegalidad minera. También se advierte que podría debilitar la confianza en la institucionalidad encargada de la regularización del sector.
Además, miembros del Congreso de la República han pedido al Ejecutivo revisar o corregir el nombramiento, argumentando que un funcionario con historial en el Reinfo no debería liderar un área que exige promover y garantizar el cumplimiento de las normas para formalizar a los pequeños y medianos mineros.
Portilla Barrera ha negado vínculos con minería ilegal o conflictos de intereses, y asegura que no mantiene concesiones mineras vigentes ni participaciones empresariales activas relacionadas con el sector, aunque su trayectoria profesional se ha vinculado a actividades de minería pequeña.
La decisión ocurre en un contexto en el que el proceso de formalización minera continúa siendo un desafío central para las autoridades, mientras se debate la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026 y la elaboración de una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE) que ordene y modernice los mecanismos de regularización.
