En el Perú, el 40.1% de la población con discapacidad son adultos mayores (de 60 años a más).
Las notarías no deben solicitar ni exigir la presentación del certificado de salud mental a adultos mayores con discapacidad que requieran de sus servicios; así lo informó el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Para el ente rector, esta mala práctica podría representar un acto de discriminación, dado que vulnera el derecho a la igualdad, autonomía y voluntad de esta población.
De acuerdo con el Censo del 2017, en el Perú, el 40.1 % de la población con discapacidad (1 millón 286 mil 843 personas) son adultos mayores (de 60 años a más). Esta población suele recurrir a las notarías para realizar diversos trámites, como testamentos, anticipos de herencia y sucesiones intestadas; no obstante, su capacidad de toma de decisión y autonomía podrían verse vulneradas ante la exigencia de presentar su certificado de salud mental o médico.
El Conadis precisa este y otros alcances en el Informe Técnico Vinculante Nº D000004-2023-CONADIS-DPI. En el documento, la entidad señala que, si bien una de las funciones de mayor importancia del notario es la de verificar la capacidad y voluntad de los adultos mayores con discapacidad, estas deben expresarse libremente, aun si la persona requiere de un alto nivel de apoyo para formarlas; y no a través de pruebas de inteligencia u otros documentos, como el certificado de salud mental, que terminan obstaculizando el ejercicio de su capacidad jurídica.
Por otro lado, el informe también precisa que las notarías no deben condicionar a los adultos mayores con discapacidad de ir acompañados de un familiar o una persona de apoyo, ya que vulnera su autonomía. Esta decisión corresponde únicamente a la propia persona.
“Las y los notarios desempeñan un papel fundamental como salvaguardias en la protección de los adultos mayores con discapacidad en los servicios notariales. En ese sentido, su intervención busca asegurar la legitimidad y la autonomía en los actos jurídicos de los adultos mayores con discapacidad, brindando así una mayor seguridad jurídica en sus decisiones”, concluye el informe.
