La Municipalidad de Lima asegura que la resolución judicial que ordena la suspensión de demoliciones en San Juan de Miraflores no obstaculizará el proyecto.
La Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, ratificó su decisión de continuar con las demoliciones en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, ubicado en San Juan de Miraflores, como parte del proyecto de la Vía Expresa Sur. A pesar de la resolución dictada por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima el pasado 10 de enero, que ordenó suspender las demoliciones, la Municipalidad asegura que la medida cautelar no afecta el trazado principal de la obra.
Carlos Peña, representante de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), sostuvo que el fallo judicial no representa un obstáculo para la ejecución del proyecto vial. En una actividad realizada en Barranco, Peña indicó que la información que originó la demanda de los vecinos, vinculada a contratos de construcción de la vía, es incorrecta, ya que los predios afectados no se encuentran en el trazo de la vía. Además, el funcionario adelantó que la Municipalidad tomará acciones legales para revocar la decisión del juez.
Por otro lado, los residentes afectados, quienes han solicitado una medida cautelar, han expresado su preocupación por la posible pérdida de sus viviendas. A través de un proceso de amparo, los vecinos buscan proteger sus derechos y evitar ser desplazados por las obras de la Vía Expresa Sur. La Asociación de Vivienda Atocongo también ha solicitado la ampliación de la medida cautelar para incluir un mayor número de viviendas, que podrían verse afectadas por las demoliciones.
La controversia se intensificó cuando la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que acusaba al juez John Javier Paredes Salas, quien dictó la medida cautelar, de prevaricato y usurpación de funciones. En este contexto, los vecinos del asentamiento Luis Felipe de las Casas Grieve II han insistido en que el alcalde López Aliaga debe cumplir con la resolución judicial y detener las demoliciones hasta que se resuelva la situación legal de las viviendas afectadas.
Esta tensión entre la Municipalidad y los residentes refleja la complejidad de la ejecución de grandes proyectos urbanos en áreas con asentamientos informales, donde se cruzan intereses de desarrollo y derechos de las personas. La disputa legal podría continuar, mientras que la construcción de la Vía Expresa Sur sigue siendo una prioridad para las autoridades, quienes insisten en la importancia de avanzar en las obras para mejorar la infraestructura de la ciudad.
