La Comisión de Fiscalización no permitió la intervención del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, en lugar del titular del Mininter. El grupo parlamentario reprogramará la citación en 12 días para abordar el ataque con explosivos en Trujillo.
Un nuevo capítulo de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo se vivió en la Comisión de Fiscalización, donde los parlamentarios rechazaron la intervención del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, quien asistió en representación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Este último fue citado para explicar las medidas adoptadas tras el atentado con explosivos en la sede del Ministerio Público de Trujillo.
Pese a que el presidente de la comisión, Juan Burgos, consideró oportuno escuchar a Zanabria, los demás miembros del grupo de trabajo parlamentario se opusieron tajantemente. Argumentaron que la invitación fue cursada directamente al ministro, y por tanto, correspondía reprogramar la sesión.
«Le pido disculpas al señor Zanabria. Él no ha tenido la culpa (…). Sin embargo, hemos tomado la decisión de volver a citar al ministro Santiváñez, lo cual podría concretarse en unos 12 días», declaró Burgos, destacando la importancia de contar con respuestas directas del titular del Interior.
Críticas por ausencias reiteradas
El rechazo al reemplazo fue respaldado por parlamentarios de diversas bancadas, quienes criticaron las constantes reprogramaciones solicitadas por Santiváñez y recalcaron la necesidad de su presencia para abordar temas de seguridad nacional.
Edgar Reymundo, legislador de Cambio Democrático, señaló: «Considero que no debemos permitir que alguien más responda en su lugar. El ministro tiene que acostumbrarse a venir. Muchas veces pide reprogramaciones».
En la misma línea, Norma Yarrow, de Avanza País, sostuvo: «No debería ni siquiera someterse a votación. La invitación fue al ministro de Estado, y es a él a quien debemos escuchar».
La reprogramación de la sesión buscará resolver las interrogantes respecto a las acciones del Ejecutivo frente a los recientes atentados en Trujillo, en un contexto donde la seguridad pública se encuentra en el centro del debate político y social.
