Titular del Midis dijo que se ha decidido declarar en emergencia el servicio de alimentación escolar, para evaluar nuevas modalidades que aseguren una atención de calidad a 4.2 millones de alumnos de escuelas públicas en todo el país.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, anunció esta mañana que se ha decidido declarar en emergencia y extinguir el Programa Nacional de Alimentación Escolar; por lo que se viene trabajando en una norma que reconfigure el diseño de Wasi Mikuna y evite la entrega de productos que afecten la salud de los niños.
“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, dijo.
Por ello, el sector viene trabajando un dispositivo legal, para establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad, inocuidad, salubridad, valor nutritivo y pertinencia cultural del servicio alimentario, dando paso a un proceso de extinción, en el corto plazo, del Programa Nacional de Alimentación Escolar tal y como se le conoce hasta ahora.
Asimismo, señaló que, “nos solidarizamos con los niños, padres de Piura y varias regiones, por lo ocurrido, que está atribuido a parte de la alimentación. Por eso estamos haciendo cambios estructurales”.
La titular del Midis señaló que la razón de Wasi Mikuna (Comida de casa), es preparar los alimentos, comprando en el mercado local, dinamizando la economía local. Para ello, existe un plan piloto en Piura, Cusco y Ayacucho, a través de la subvención económica en 35 colegios. “No vamos a permitir productos y raciones, heredados de otros programas”, dijo.
Urteaga afirmó que en más del 67 % de colegios reciben productos y algunos de ellos no llegan en la calidad que corresponde. Por ello dijo que se reforzará la coordinación con madres de colegios para que pueden acceder a productos frescos de la comunidad, con apoyo de otros sectores, evitando la tercerización.
Con relación a las incidencias reportadas en Piura y otras regiones, la ministra señaló que se está a la espera de los resultados de las investigaciones a cargo de Digesa y Sanipes, para esclarecer las causas de la intoxicación. “Se han inmovilizado los productos en cuestión a nivel nacional. Ya no se está entregando estos productos y estamos reforzando la supervisión”, enfatizó.
“Proveemos alimentación a 4.2 millones de escolares, por eso estamos garantizando el servicio; sin embargo, debemos pasar en el corto plazo a nuevas modalidades. El Gobierno está comprometido con entregar alimentos de calidad y de la zona, dinamizando la economía local”, agregó la ministra.
Urteaga también dijo que, «no descarto que estamos pisando callos. Aquí hay empresas medianas y grandes fabricantes que se han formado a raíz de un programa social. No descarto que podría ser un tema relacionado entre las mismas empresas que pierden un contrato y que podrían perjudicar de alguna manera. Acá no hay marcas comerciales. Muchos de los fabricantes no tienen marca de identidad. Tenemos que luchar contra eso”.
“Acá hay una clara decisión de la presidenta Dina Boluarte, para promover esta decisión para que las empresas corruptas no contraten con el Estado nunca más. Hago una invocación al Poder Judicial porque cuando sancionamos a las empresas, obtienen medidas cautelares, para volver a contratar. Ante ello, tenemos que poner en primer lugar la vida de los 4.2 millones de escolares», acotó.
Finalmente, aseguró que en su gestión se está haciendo cambios estructurales, que tienen que ver con estas acciones de mejora de servicio que se entrega a los escolares. Asimismo, afirmó que se ha dispuesto que todos los equipos del Midis se trasladen a los colegios y estén presentes en el territorio, para monitorear la alimentación escolar. “Estamos teniendo los cuidados para que no se repita estos casos”, sentenció.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ratifica su compromiso en seguir trabajando por un servicio de calidad para los más vulnerables, así como en su lucha diaria contra la corrupción y garantizando el buen manejo de los recursos del Estado.
