El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder ha solicitado al Poder Judicial una prórroga de tres años para concluir las diligencias pendientes en la investigación por presunta organización criminal que involucraría a la ex primera dama y otros allegados.
El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), solicitó al Poder Judicial la ampliación de 36 meses del plazo de investigación preparatoria en el marco del caso Anguía, en el que se encuentran comprendidos Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo Terrones, y otros allegados a su entorno familiar y político.
El pedido fiscal, presentado ante la jueza Lorena Sandoval Huertas, busca garantizar la culminación de diligencias esenciales como pericias contables, declaraciones testimoniales, análisis bancarios y cooperación internacional. La audiencia virtual para evaluar la solicitud ha sido programada para el 25 de noviembre a las 9:00 a.m..
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los investigados formarían parte de una presunta organización criminal que habría operado desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, direccionando licitaciones públicas en beneficio de empresas vinculadas al entorno cercano del entonces mandatario.
Entre los investigados figuran también los hermanos de la ex primera dama —Yenifer, Walter y David Paredes Navarro—, además del exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quienes habrían colaborado en la adjudicación irregular de obras públicas.
Contexto del proceso
La investigación del caso Anguía se inició en 2022 y ha sido ampliada en varias ocasiones debido a la complejidad de los hechos y la cantidad de involucrados. Según el Ministerio Público, la nueva prórroga permitirá recabar información del extranjero y realizar pericias patrimoniales necesarias para sustentar las acusaciones.
Cabe recordar que Lilia Paredes reside actualmente en México, donde obtuvo asilo político junto a sus hijos tras la detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Pese a ello, continúa siendo parte activa del proceso penal abierto en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Próximos pasos
Si el Poder Judicial aprueba el pedido fiscal, la investigación preparatoria se extendería hasta fines de 2028, otorgando a la fiscalía el tiempo necesario para consolidar las pruebas y definir las responsabilidades penales de los involucrados.
El Ministerio Público reiteró que su actuación busca garantizar la lucha contra la corrupción y que todas las diligencias se realizan conforme al debido proceso.
