Informe advierte irregularidades que habrían favorecido a la empresa mexicana Armor Life Lab pese a incumplimientos técnicos y sanciones previas.
La Contraloría General de la República destapó graves anomalías en la adquisición de 3,164 chalecos antibalas tipo IIIA por más de S/7 millones, a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior. El informe revela que los funcionarios manipularon etapas clave del proceso de selección, alterando plazos y condiciones que terminaron favoreciendo a la empresa mexicana Armor Life Lab.
Cambios sospechosos en el proceso
Durante la absolución de consultas, la OGAF modificó plazos de fabricación establecidos en las bases, decisión que dejó fuera de competencia a varios postores. Asimismo, el cronograma fue alterado sin sustento en dos ocasiones: la evaluación de ofertas, prevista para el 2 y 3 de septiembre de 2025, se trasladó al 4 y 6, y la adjudicación de la buena pro pasó del 4 al 8 de septiembre.
Estas alteraciones, concluye la auditoría, vulneraron principios de igualdad de trato y transparencia en una licitación internacional donde participaron diez empresas de México, Colombia, India, Israel y Estados Unidos.
Favoritismo hacia Armor Life Lab
A pesar de que la firma colombiana Miguel Caballero y la mexicana Giramsa presentaron ofertas competitivas, el contrato fue otorgado a Armor Life Lab por S/7,031,430. La decisión resulta cuestionable dado que el comité técnico de la Región Policial Lima había advertido que la compañía no cumplía con especificaciones técnicas como el peso de los chalecos.
El antecedente agrava la situación: en 2019, la misma empresa fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos fraudulentos en otro proceso del Mininter, valorizado en S/5 millones.
Advertencia de la Contraloría
El jefe del Órgano de Control Institucional, Rubén Casanova García, remitió un informe al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, recomendando medidas preventivas contra los servidores involucrados. El documento advierte que la adjudicación podría afectar la seguridad y transparencia en la provisión de equipos de protección para el personal policial de Lima y Callao.
El caso abre un nuevo frente de cuestionamiento a la gestión del Mininter y pone sobre la mesa la pregunta: ¿cómo una empresa con antecedentes de sanciones terminó nuevamente con un contrato millonario en el Perú?
