La iniciativa busca prohibir el ingreso al país de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, fortalecer los estándares de derechos humanos en el comercio internacional y responder a observaciones formuladas por Estados Unidos sobre la legislación peruana.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó un proyecto de ley que propone prohibir expresamente la importación de bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso. La iniciativa forma parte de una estrategia para reforzar el marco normativo nacional, garantizar que el comercio exterior peruano cumpla con estándares internacionales de derechos humanos y evitar que el país sea utilizado como destino para productos obtenidos mediante prácticas de explotación laboral.
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación internacional por las cadenas globales de suministro. Diversos países han endurecido sus controles para impedir el ingreso de mercancías vinculadas con trabajo forzoso, especialmente en sectores como textiles, agricultura, minería y manufactura. En ese escenario, el Gobierno peruano busca adecuar su legislación a las exigencias del comercio internacional.
El proyecto cobró mayor relevancia luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera una investigación sobre la existencia de mecanismos efectivos para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Como resultado, ese país impuso un arancel adicional del 12,5 % a determinados productos peruanos al considerar que el Perú aún no contaba con una prohibición expresa sobre este tipo de importaciones.
La iniciativa plantea otorgar mayores facultades a las autoridades competentes para identificar, inspeccionar y restringir el ingreso de mercancías cuya producción esté vinculada con trabajo forzoso. Asimismo, busca establecer mecanismos de coordinación entre entidades del Estado para verificar el origen de los productos y fortalecer los controles aduaneros.
Finalmente, el Mincetur sostiene que la aprobación de la norma permitirá mejorar la imagen del Perú como socio comercial responsable, fortalecer la protección de los derechos laborales y facilitar las negociaciones con mercados internacionales que exigen altos estándares de cumplimiento social. Además, considera que la medida contribuirá a preservar la competitividad de las exportaciones peruanas y a reducir el riesgo de nuevas restricciones comerciales.
