Midagri promete reducir los plazos de trámites para acelerar al agro

La reestructuración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego plantea digitalizar procesos, revisar el TUPA y ampliar el uso del silencio administrativo positivo. El objetivo es reducir la burocracia que enfrentan agricultores e inversionistas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) prepara una reforma de sus procedimientos administrativos con una meta concreta: reducir los tiempos de atención para agricultores, empresas e inversionistas. La medida forma parte de la reestructuración de 120 días anunciada por el sector y busca convertir al ministerio en una entidad más ágil y digital.

El ministro Marco Vinelli explicó que se están revisando normas como el Reglamento de Gestión Ambiental y Social (Rgasar) y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), con la intención de reducir plazos e incorporar mecanismos como el silencio administrativo positivo cuando corresponda. Según el titular del Midagri, actualmente este mecanismo se aplica en alrededor de dos de cada diez procesos, proporción que la reforma buscaría revertir.

El diagnóstico apunta a un problema que trasciende al propio ministerio: la burocracia puede convertirse en un costo adicional para productores y proyectos de inversión. Cada requisito repetido, documento físico o trámite que debe pasar sucesivamente por distintas oficinas puede retrasar permisos y decisiones que tienen impacto directo sobre la actividad económica.

La digitalización aparece como uno de los principales instrumentos para enfrentar ese problema. El Midagri plantea que los trámites puedan realizarse en línea, incluidos los pagos mediante billeteras digitales, y que los informes que requieren la intervención de varias áreas sean gestionados desde una plataforma centralizada.

El desafío, sin embargo, estará en pasar del anuncio a la ejecución. La simplificación administrativa no significa eliminar controles necesarios, sino reducir pasos innecesarios sin sacrificar la seguridad jurídica ni la fiscalización.

Finalmente, la reforma también alcanzará a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde el ministerio pretende revisar y digitalizar procedimientos vinculados con proyectos de inversión y disponibilidad hídrica.

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