Un joven sicario detenido en Puente Piedra confesó que aceptó 1 000 soles para matar a un trabajador, vinculando motivos personales y operativos de la banda criminal. El caso pone de manifiesto la problemática de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
La Policía Nacional capturó en la Plaza Mayor de Puente Piedra a Saulo Gil Manuyama (20), alias “Chino”, presunto autor del asesinato del trabajador Odar Olarte Mercado (40), quien falleció a tiros en Carabayllo el pasado 18 de diciembre. El joven delincuente ofreció un testimonio preliminar que ha sido clave para avanzar en las investigaciones del crimen.
Gil Manuyama —vinculado a la banda criminal Los Injertos de Puente Piedra— admitió que fue reclutado y pagado con S/1 000 para cometer el asesinato, y señaló que lo hizo en parte por la difícil situación familiar: su madre estaba enferma y era el cumpleaños de su hermana el día del hecho.
Según su declaración ante el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el sicario recibió un arma y fue trasladado en motocicleta hasta el lugar donde interceptó a la víctima, a quien le disparó siete veces antes de huir. El crimen se llevó a cabo en un sitio cercano a una ladrillera en Carabayllo.
La policía detalló que Gil Manuyama tiene un historial delictivo desde la adolescencia, incluyendo detenciones previas por robo y otros delitos de peligro común, y que estuvo retenido y privado de libertad en múltiples ocasiones entre 2021 y 2025.
Las autoridades han iniciado operativos adicionales para capturar a otros implicados, entre ellos el autor intelectual del crimen y el acompañante que lo trasladó en moto antes y después del homicidio, con el objetivo de desarticular la estructura criminal responsable.
El asesinato de Olarte se produce en un contexto de creciente violencia en el norte de Lima y reabre el debate sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, así como las fallas en políticas de prevención y reinserción social que permitan ofrecer alternativas legítimas a los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
