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Masacre en Pataz: la minería exige al Estado que enfrente al crimen organizado

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) exige al Estado medidas urgentes y efectivas tras el asesinato de 13 trabajadores mineros, víctimas del avance violento de mafias ilegales que dominan zonas estratégicas del país.

La tragedia ocurrida en la provincia de Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados, ha desatado una nueva ola de indignación y exigencias por parte del sector minero formal. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) lamentó profundamente el hecho y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que lanzó un llamado urgente al Estado: ¡no más muertes ni atentados!

En un comunicado contundente, el IIMP señaló que los constantes atentados registrados en la zona son responsabilidad directa de mafias vinculadas a la minería ilegal, que han logrado establecer un control territorial mediante el uso sistemático de la violencia, incluso en medio del Estado de Emergencia decretado por las autoridades.

El más reciente enfrentamiento, donde un grupo criminal tomó rehenes en la minera Caravelí y dejó dos policías heridos, confirma el nivel crítico de inseguridad que viven quienes trabajan en la minería formal.

“Exigimos resultados concretos de parte del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. No podemos seguir permitiendo que la ilegalidad y el crimen dicten las reglas en territorios productivos”, expresó el gremio minero, que agrupa a profesionales y trabajadores de toda la cadena minera nacional.

El IIMP recordó que los trabajadores fallecidos brindaban servicios a una operación minera artesanal legal, con contrato en una concesión de la empresa Poderosa, como parte de los esfuerzos por formalizar la pequeña minería. Sin embargo, advirtió que sin seguridad y respaldo institucional, todo intento de formalización está condenado al fracaso.

Finalmente, el Instituto demandó que estos crímenes no queden impunes. “La población peruana merece un Estado que garantice sus derechos humanos, que ofrezca seguridad real y que no tolere la impunidad ni la pérdida de más vidas inocentes”, concluyó.

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