En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil es preciso señalar que 1 de cada 11 niños trabaja en nuestro país.
En el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se vuelve a poner en evidencia una situación que continúa afectando a cientos de miles de menores en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2023), más de 703,000 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años —es decir, uno de cada once— realizan labores dentro o fuera del hogar, principalmente en zonas rurales y en condiciones peligrosas.
Aunque esta cifra representa una reducción de 56,000 casos en comparación con el 2022, sigue siendo motivo de preocupación. Muchos de estos menores se desempeñan en sectores como la agricultura, la pesca o la minería, generalmente sin acceso a derechos laborales ni cobertura de protección social, advierte el informe.
“El trabajo infantil impide que los niños dediquen el tiempo necesario a su educación y desarrollo personal, lo que afecta negativamente su aprendizaje y limita su capacidad de adquirir habilidades fundamentales para acceder a empleos de calidad en el futuro. Esto perpetúa la pobreza en la adultez”, explica Rosa Luz Durán, investigadora del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.
Esta problemática no es exclusiva del Perú. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, actualmente 160 millones de menores en el mundo están involucrados en actividades laborales, y esta cifra ha venido aumentando desde 2020. América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de trabajo infantil a nivel global, a pesar de ciertos avances.
La informalidad: un problema estructural
Uno de los factores más determinantes en la persistencia del trabajo infantil es la informalidad laboral. En el Perú, más del 85 % de los jóvenes menores de 25 años trabaja en el sector informal, según el INEI. “Cuando los ingresos familiares son bajos y no se cuenta con sistemas de protección social adecuados, muchas familias recurren al trabajo de todos sus miembros, incluidos los menores. Esto se acentúa en las zonas rurales”, señala Durán.
La brecha entre lo urbano y lo rural también es significativa: el trabajo infantil es 5,6 veces más común en áreas rurales (32.5 %) que en urbanas (5.8 %). En el campo, más de la mitad de los menores entre 5 y 17 años trabaja, mayormente como parte de labores familiares agrícolas no remuneradas.
Políticas sociales que marcan la diferencia
Programas de apoyo como transferencias condicionadas, bonos familiares y subsidios educativos han demostrado ser herramientas eficaces para reducir el trabajo infantil, al reforzar la economía de hogares vulnerables y permitir que los menores permanezcan en la escuela. Iniciativas como “Juntos” en Perú o “Oportunidades” en México son ejemplos de políticas exitosas.
Durán resalta que una red de protección social inclusiva es clave para evitar que las crisis económicas obliguen a los niños a abandonar sus estudios y trabajar, lo que permite avanzar hacia la erradicación de esta problemática.
Un esfuerzo compartido
Poner fin al trabajo infantil no solo es un imperativo legal, sino una apuesta estratégica por el desarrollo del país. Para erradicar esta realidad se requiere el trabajo conjunto del Estado, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales de cooperación, concluye la especialista.
