Frente a las protestas en Cusco contra la venta en línea de boletos para la ciudadela, el Primer Ministro, Alberto Otárola, expresó su inquietud por las manifestaciones que, al bloquear vías, buscan evitar el acceso a Machu Picchu. En este contexto, hizo referencia a la existencia de una organización delictiva vinculada a la venta de entradas para el santuario de Machu Picchu, la cual ha operado ilegalmente durante varios años.
Anoche, los manifestantes solicitaron a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco cerrar la llacta de Machu Picchu «por medidas de seguridad» durante la huelga indefinida. En respuesta, Otárola advirtió que la toma de la vía de acceso al santuario viola el Decreto Legislativo 1589 de diciembre de 2023, que permite imponer penas de hasta 15 años a quienes interrumpan las vías de acceso a patrimonio nacional y activos críticos.
«No retrocederemos en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha estado operando ilegalmente durante muchos años», agregó, destacando que se trata de un pequeño grupo con intereses ocultos afectados por un negocio ilegal.
Otárola también señaló que no se volverá al antiguo sistema, ya que están trabajando en un esquema transparente de boletaje electrónico que permita el acceso transparente a Machu Picchu a nivel mundial.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmó que el Poder Ejecutivo no cederá ante el «chantaje» de los manifestantes que amenazan con intensificar la huelga en contra del nuevo sistema de venta de boletos de ingreso a Machu Picchu. Añadió que junto al gobernador regional del Cusco, están trabajando en una mesa de diálogo para alcanzar un consenso.
Urteaga lamentó la resistencia al diálogo por parte de algunas personas detrás de la protesta, presumiblemente exautoridades de Machu Picchu, a quienes les gustaría hablar.
