El alcalde de Lima calificó de “estafa” el perjuicio a las AFP y compañías de seguros que invirtieron en la concesionaria.
Rafael López Aliaga volvió a encender la polémica tras la disolución de la empresa Rutas de Lima. Con su estilo frontal, el burgomaestre aseguró que “cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que saltan”, en referencia a que la concesionaria se habría adelantado a una decisión judicial que, según dijo, en pocos días favorecerá a los vecinos de Lima Sur.
El alcalde sostuvo que la Sala Constitucional ya determinó que tampoco se deben cobrar peajes en esa zona, y que la inspección ordenada es el último paso previo a la sentencia. “Estos señores se están adelantando a la decisión judicial”, remarcó.
Reclamo millonario en cuestión
Sobre el pedido de US$ 2.700 millones de Brookfield, López Aliaga afirmó que este reclamo carece de sustento porque se origina en “dos hechos delictivos”: las coimas de Susana Villarán —hoy en juicio oral— y la compra de acciones “de mala fe” a un empresario condenado.
“Compraron por US$ 400 millones y reclaman siete veces más. Con la disolución se acaba ese reclamo, lo que sigue es la caducidad”, explicó.
AFP y aseguradoras, las más golpeadas
El alcalde señaló que, tras la disolución, los acreedores deben evaluar si acelerar sus contratos o ejecutar las acciones en garantía, que corresponden a las casetas de peaje. “Los acreedores son básicamente AFP y compañías de seguros. Han sido estafados, han perdido sus acreencias. Y no es plata de ellos, es de todos los peruanos, de los pensionistas”, enfatizó.
