El alcalde de Lima presentó un proyecto de ley para expropiar 213 inmuebles en el Centro Histórico. Su plan incluye la demolición masiva y la creación de un “Central Park limeño”.
Rafael López Aliaga quiere dejar huella en el centro de Lima, y su fórmula es clara: expropiar, demoler y erradicar “el peor antro de la capital”. Así lo ha planteado en el proyecto de ley que acaba de enviar al Congreso para expropiar 213 predios ubicados en el jirón Zepita, una de las zonas más deterioradas y estigmatizadas del Cercado de Lima.
La propuesta fue aprobada por el Concejo Metropolitano a través del Acuerdo 147-2025 y se sustenta en el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035, con el objetivo declarado de recuperar el patrimonio cultural y poner fin a la informalidad, la criminalidad y la prostitución clandestina que, según el alcalde, se han enquistado en esta zona.
La iniciativa declara de necesidad pública la expropiación de estos inmuebles, varios de ellos en manos de particulares, empresas y hasta del Ministerio de Economía y Finanzas. La indemnización se pagará en efectivo, tras tasación oficial. La Municipalidad Metropolitana de Lima sería la encargada de ejecutar el proceso, con un plazo de cinco años para concretarlo.
“Una vergüenza para la ciudad”
En el documento enviado al Congreso, la Municipalidad no escatima en calificativos: la zona es una “vergüenza”, un espacio de abandono y deterioro que impide que Lima esté “a la altura de las grandes capitales del mundo”. Como parte del plan, se contempla la demolición de 20 manzanas para la construcción de un parque urbano, al estilo del Central Park neoyorquino.
López Aliaga ya había adelantado esta intención semanas atrás, cuando declaró públicamente su voluntad de “limpiar” la zona de prostíbulos, negocios ilegales y “delincuencia enquistada”. La propuesta, asegura, es parte de una cruzada por recuperar el Centro Histórico para el turismo, la cultura y la ciudadanía.
El sustento legal recurre al artículo 11 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que permite expropiar predios que representen un riesgo de deterioro sustancial del patrimonio. También señala que muchos de los actuales propietarios abandonaron los inmuebles, favoreciendo su uso ilegal.
Pero la iniciativa no está exenta de polémica. Aunque el alcalde habla de regeneración urbana, los cuestionamientos sobre el respeto a la propiedad privada, los mecanismos de compensación y el destino real de los predios expropiados ya empiezan a surgir.
¿Será esta la gran transformación de Lima o un nuevo capítulo de gentrificación forzada bajo el manto del “orden y progreso”?
