El presidente minimiza las críticas por su voto a favor de normas cuestionadas —que expertos alertan benefician al crimen organizado— y sostiene que el rechazo responde a intereses de un “sector minoritario”.
José Jerí restó importancia a las críticas recibidas por su apoyo, cuando fue congresista, a las leyes conocidas como “pro-crimen”. Afirmó que calificarlas de ese modo es simplemente un “cliché” promovido por un sector minoritario con fines políticos.
En una reciente declaración, Jerí sostuvo que las observaciones contra dichas leyes se basan en una narrativa construida políticamente, y cuestionó que se use una etiqueta generalizada para juzgar reformas que, según él, debían ser debatidas en el terreno jurídico y técnico.
Cabe recordar que el paquete de leyes al que alude incluye varias normas aprobadas recientemente por el Congreso que, según organizaciones civiles y expertos en seguridad, han debilitado herramientas clave del sistema de justicia —como la colaboración eficaz, la detención preliminar y la extinción de dominio— poniendo en riesgo la lucha contra el crimen organizado.
Críticos argumentan que dichas reformas no solo benefician a redes delictivas, sino que también reducen la capacidad del Estado para investigar corrupción y crimen organizado de forma eficaz.
Para Jerí, estas críticas tienen un trasfondo político: “Existe una etiqueta sobre determinadas modificaciones al Código Penal y normas procesales que ha sido usada políticamente para responsabilizar a legisladores de problemas estructurales del sistema de justicia”.
Con su pronunciamiento, el presidente reafirma su respaldo a las normas aprobadas bajo el mandato de la anterior administración, dejando claro que buscará defenderlas frente a cuestionamientos públicos.
