El Gobierno declaró un nuevo estado de emergencia por 60 días en Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar la criminalidad y la violencia. La medida restringe temporalmente derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, y mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad, los homicidios, el sicariato, la extorsión y otras situaciones de violencia.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado el 28 de agosto en el diario oficial El Peruano. Según la norma, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que las zonas de intervención serán determinadas sobre la base de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Durante la vigencia del estado de emergencia podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.
Además, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con el permiso correspondiente de las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de autorización previa.
El decreto también dispone la conformación, en un plazo de 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada, así como de comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias estarán encargadas de coordinar las acciones contra la criminalidad durante los 60 días de vigencia de la medida.
Entre las disposiciones adoptadas figura el fortalecimiento del control penitenciario y de las telecomunicaciones ilícitas, así como operativos masivos y permanentes para el decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y otros materiales vinculados a actividades delictivas.
La norma también establece acciones para recuperar espacios públicos relacionados con actividades criminales, intensificar la búsqueda y captura de requisitoriados, miembros de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios, además de reforzar los controles migratorios en apoyo a las fuerzas del orden.
Asimismo, durante los operativos comunicados con carácter reservado, el personal participante no podrá utilizar equipos de comunicación de uso personal y deberá emplear mecanismos para proteger su identidad en intervenciones especiales.
El estado de emergencia se produce en medio de la persistencia de hechos delictivos y violentos en Lima y Callao. El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que la medida permitirá mantener y reforzar el trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las zonas consideradas prioritarias.
Al finalizar los 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos y las recomendaciones correspondientes a las autoridades competentes.
