El pasado martes 15 de julio, aproximadamente a las 5:00 p.m., Jhon Smith Cruz Arce, sentenciado a 25 años de prisión por un doble homicidio ocurrido en 2005 en la ciudad de Trujillo, fue puesto en libertad desde el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región Tacna.
Cruz Arce, quien venía cumpliendo su condena desde el año 2008 y permanecía en Challapalca desde 2013, recuperó su libertad ocho años antes de lo previsto, ya que su pena culminaba en 2033. Su excarcelación se produjo luego de que un habeas corpus fuera aprobado a su favor, lo que le permitió acceder a beneficios penitenciarios que redujeron su tiempo en prisión.
Indignación ciudadana y pedido de explicaciones
La sorpresiva liberación ha generado profunda preocupación entre la población, especialmente en Trujillo, donde se cometió el crimen. Diversas organizaciones civiles y vecinos del lugar han expresado su temor por la presencia nuevamente en libertad de un condenado por homicidio calificado, y exigen una revisión detallada del caso.
“Estamos hablando de un doble asesinato por el cual se dictó una condena firme. ¿Cómo es posible que se haya liberado antes del plazo sin mayor transparencia?”, cuestionó una dirigente vecinal.
Piden sanciones a responsables
Ante la polémica, ciudadanos y autoridades locales han exigido que se investigue a los funcionarios judiciales y penitenciarios que participaron en la aprobación del habeas corpus y la concesión de beneficios penitenciarios. “Es necesario que se determinen responsabilidades. La seguridad ciudadana está en juego”, indicaron representantes del Ministerio Público en La Libertad.
Por su parte, organismos de derechos humanos advierten que los beneficios penitenciarios deben aplicarse con rigurosidad técnica, sin afectar la percepción de justicia ni poner en riesgo a la población.
Un caso que reabre el debate
El caso Cruz Arce reaviva la discusión sobre el uso de beneficios penitenciarios, la aplicación del controvertido “2×1” y el rol del sistema de justicia en casos de alta gravedad. La sociedad civil espera una respuesta clara y contundente por parte del Poder Judicial, el INPE y el Ministerio de Justicia.
