La norma permitiría que asociaciones vendan excedentes de agua a privados, debilitando derechos campesinos y promoviendo el despojo territorial.
Una nueva amenaza se cierne sobre los derechos campesinos y los recursos naturales del país. Se trata de la llamada Ley Chlimper 2.0, una propuesta que ha encendido las alertas de especialistas en desarrollo rural, ingenieros y defensores del agro. Su contenido, advierten, representa un retroceso estructural que podría abrir la puerta a la privatización del agua, desmantelar derechos laborales en el campo y profundizar el desplazamiento de comunidades históricas.
El proyecto plantea que las asociaciones que logren «ahorrar» agua puedan disponer del excedente, lo que en la práctica se traduciría en su venta a empresas privadas, legalizando el acaparamiento de un bien público y esencial.
“La ley nace de alguien que ni siquiera concluyó estudios de ingeniería. No hay respaldo técnico ni científico. Es la típica política basada en figurar en rankings de exportación, sin pensar en desarrollo real”, sentenció el ingeniero químico Daniel Mallma, docente de la UNMSM.
Además del agua, otro blanco de esta normativa es el trabajo agrícola: la Sunafil quedaría debilitada en los grandes fundos agroexportadores, quitando poder de fiscalización y dejando a miles de trabajadores expuestos a condiciones precarias. A esto se suma la promoción indirecta del tráfico de tierras, facilitando el ingreso de grandes empresas a zonas de cultivo comunal.
“Más del 90 % de las agroexportaciones está en manos de solo 20 empresas, mientras más de 2 millones de unidades agropecuarias quedan fuera de cualquier beneficio. Este proyecto profundiza esa brecha. No es solo un tema económico: es social, jurídico, técnico y ético”, advirtió Mallma.
En el fondo, la Ley Chlimper 2.0 representa un intento por reconfigurar el acceso al agua como un bien de mercado, debilitando su reconocimiento como bien público y vulnerando principios constitucionales.
Mientras se discute en el Congreso, las voces del campo y la academia insisten: esto no es una modernización, es un robo disfrazado de eficiencia.
