La administración del centro comercial cuestionó duramente las versiones difundidas por funcionarios ediles y negó que exista peligro alguno en sus instalaciones. Señalan contradicciones, decisiones arbitrarias y una clausura sin actas que la justifiquen.
El centro comercial Larcomar rompió su silencio tras el cierre temporal ordenado por la Municipalidad de Miraflores y lanzó un comunicado contundente: no existe ningún riesgo estructural en sus instalaciones y el cierre del recinto no tiene justificación técnica. Además, calificaron de falsas las declaraciones del gerente municipal Eduardo Azabache y denunciaron una serie de irregularidades por parte de las autoridades distritales.
La administración de Larcomar afirmó que cumple con todas las normas vigentes y cuenta con estudios firmados por los principales especialistas del país, como los ingenieros Casabonne, Zegarra, Zavala y Martinelli, quienes validaron que el centro comercial no sufrió daños tras el reciente sismo y mantiene su estabilidad estructural.
Sin actas ni fundamentos
Según explican, el cierre no tiene relación con la seguridad del centro, sino con una supuesta diferencia de áreas en la licencia de funcionamiento del restaurante Mango’s, hecho que —según remarcan— fue malinterpretado por el municipio. Aclararon que la parte cuestionada de la terraza de Mango’s no se usa desde hace más de siete años, está clausurada al público y no representa ningún peligro. El resto del local cuenta con todos los permisos y ha sido validado en múltiples inspecciones anteriores.
Sobre las casetas de cobro del estacionamiento, Larcomar señala que mantenía conversaciones con funcionarios municipales, incluido el propio Azabache, para definir si Apparka —la empresa operadora— necesitaba una licencia de funcionamiento adicional. Pero en lugar de una respuesta formal, recibieron la clausura total del centro comercial.
Acusaciones infundadas y arbitrariedad
En cuanto a las supuestas edificaciones irregulares, la empresa explica que los equipos de enfriamiento instalados cerca del parque Domodossola operan desde hace más de una década y no requieren licencia, al tratarse de estructuras móviles. El municipio también cuestionó unas plataformas metálicas que ya fueron desmontadas, y cuya ausencia habría sido interpretada como una “diferencia” con el plano vigente, lo que sirvió de excusa para revocar el ITSE de áreas comunes.
“Las actas firmadas por los inspectores municipales no mencionan ningún problema de seguridad estructural”, puntualizan. Además, denuncian que la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionó el lugar y no encontró riesgo alguno. Por ello, cuestionan duramente que se estén difundiendo videos sin respaldo técnico y se estén tomando medidas arbitrarias sin sustento ni formalidad.
Finalmente, la administración denuncia que la Municipalidad ha impedido el ingreso de proveedores y personal de mantenimiento, así como de locatarios que buscan retirar su mercadería, pese a no existir resolución firme que justifique esta restricción.
