El presidente del Congreso se opone a la pena de muerte, destacando las barreras legales y jurisdiccionales que dificultan su implementación en el país.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se mostró en desacuerdo con la propuesta de instaurar la pena de muerte en Perú, señalando que existen diversos obstáculos legales y jurisdiccionales que complicarían su aplicación efectiva. Durante su intervención en el Sexto Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Lima, Salhuana resaltó que esta medida no solo choca con el marco legal internacional, sino también con las fallas estructurales del sistema de justicia local.
Obstáculos legales a la pena de muerte
Salhuana explicó que la pena de muerte está prohibida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Perú es parte, lo que representa una barrera significativa para su adopción en el país. A su vez, destacó que, si bien la discusión sobre este tema es válida, la implementación de esta medida enfrenta «muchos obstáculos en su camino».
La importancia de la efectividad de las penas
El presidente del Congreso también reflexionó sobre la efectividad de las penas, independientemente de su severidad. Señaló que el éxito de cualquier medida punitiva depende de su cumplimiento, algo que, a su juicio, no ocurre debido a la impunidad y la ineficacia de la Fiscalía y del Poder Judicial, que en ocasiones liberan a delincuentes capturados en flagrancia.
La postura personal de Salhuana
Aunque Salhuana dejó en claro que personalmente no está de acuerdo con la pena de muerte, señaló que este tema seguirá siendo objeto de discusión en el futuro. «Eso será materia de discusión y se verá en su momento», manifestó, dejando abierta la posibilidad de un debate más amplio en el Congreso.
Dina Boluarte insiste en la pena de muerte
Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte reiteró su propuesta de instaurar la pena de muerte como medida para combatir la inseguridad ciudadana. En medio del nuevo estado de emergencia en Lima y Callao, la mandataria defendió su iniciativa, destacando que no se trata de una cortina de humo, sino de un acto de responsabilidad histórica. A pesar de las críticas, Boluarte insistió en la necesidad de abrir un debate amplio sobre la medida, haciendo un llamado a la clase política para que se analice seriamente la posibilidad de su implementación.
