Vecinos destacan congestión en el cerro Centinela y Javier Prado.
En La Molina se ha desatado una controversia en torno a un proyecto urbanístico que podría transformar significativamente la zona. Los residentes están preocupados por la llegada de 11 mil nuevas familias, lo que podría agravar la ya existente sobrepoblación y las limitadas vías de acceso.
Actualmente, el distrito enfrenta problemas de tráfico y presión sobre los servicios públicos, una situación que podría empeorar con la nueva urbanización. Ante las acusaciones de discriminación, un vecino comentó que “si solucionan el tráfico y hay salidas adecuadas, no hay problema”, pero destacó la “congestión espantosa” en áreas como el cerro Centinela y Javier Prado. “No estamos hablando de un tema racial, sino de servicios y de salidas”, aclaró otro residente.
Al respecto, la arquitecta Nathaly Medina, de la Municipalidad La Molina mencionó que “como municipalidad hemos opinado técnicamente desfavorable en esta propuesta porque el tema de accesibilidad no se ha contemplado en el plan específico. Solo tenemos un carril en Los Andes de ida y vuelta lo que generaría un gran impacto vial”.
“En las condiciones que debe vivir una persona se tiene que configurar seguridad y respetar la integridad de los que van a habitar y de las zonas aledañas. Condiciones que no se han priorizado en esta propuesta de plan”, agregó.
Guillermo Malca, director del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), realizó un llamado a los residentes de la zona que ejerzan su derecho, que elaboren las observaciones que la sustenten técnicamente y las presenten al IMP.
“Lo que solicitan es que el ámbito sea declarado zona de reglamentación especial, se llama así porque no se aplica de modo convencional a cualquier otra parte de la ciudad. Dentro de ese pedido se solicita la posibilidad de utilizar el suelo para vivienda o equipamientos urbanos como áreas recreacionales. Hasta el momento todavía ni la Municipalidad ni el Instituo hemos tomado una decisión sobre la solicitud de urbanización”, sostuvo.
Si bien la posible ocupación es un problema, también se puso en duda la legalidad de la venta. De acuerdo al reportaje, el cerro con un área de 870,000 metros cuadrados en la zona fue adquirido por solo 20 mil soles. La transacción se realizó en una notaría en Yurimaguas, Loreto. Las personas detrás del proyecto urbanístico son Raúl Estupiñan Pereda, Edwin Edgardo Reyes Ugarte y Jorge Antonio de la Gala Zerillo, quienes compraron a Paulino Alcarruz Pachecho las 87 hectáreas. En la actualidad esa notaría ya no existe y la notaria identificada como Judith Domper de Vela dejó de ejercer por enfermedades propias de su edad.
