El exministro Rafael Belaúnde advirtió que la violencia minera en Pataz y Trujillo refleja la claudicación del Estado ante las mafias del oro.
Rafael Belaúnde, exministro de Energía y Minas, lanzó una advertencia frontal: la minería ilegal del oro ya genera más dinero que el narcotráfico en el Perú y está construyendo un poder criminal capaz de corromper, asesinar y desafiar al Estado como lo hizo Sendero Luminoso en su momento.
“Corremos el riesgo de que esto se convierta en una especie de cartel de Sinaloa en el Perú”, afirmó en RPP, recordando que en Pataz ya se han derribado torres de alta tensión y que bandas armadas con fusiles irrumpen en minas asesinando trabajadores para robar mineral. La violencia también bajó a Trujillo, con atentados con explosivos contra viviendas, un signo de que la minería criminal está expandiendo su control.
Para Belaúnde, la falta de seguridad jurídica, los cambios permanentes en el marco legal y la erosión de la predictibilidad ahuyentan inversiones, afectando tanto a grandes capitales como a pequeños emprendedores. “La extorsión y el sicariato golpean directamente a bodegueros, restaurantes y negocios que son los que más empleo generan en el país”, advirtió.
El exministro también cuestionó la gestión del canon minero, recordando que en cinco años el Estado recaudó cerca de S/100 mil millones que no han transformado la vida de las comunidades. “Tenemos distritos con estadios más grandes que su población, pero sin agua potable. El canon se queda atrapado en corrupción y mala gestión”, denunció.
Como alternativa, propuso un esquema tripartito donde la renta minera beneficie no solo al Estado y a las empresas, sino también de manera directa a los ciudadanos de las zonas de influencia. “El poblador no puede ser un invitado de piedra. Debe recibir un impacto real, con transferencias directas o programas sociales potenciados”, indicó.
Belaúnde insistió en la urgencia de impulsar “reformas sociales agresivas” en defensa del ciudadano y contra el mercantilismo que domina sectores como las AFP, la agroindustria o la farmacia. “El soberano en la economía es el consumidor, no los monopolios ni los grupos de poder que dictan leyes en el Congreso”, remarcó.
El mensaje es claro: la minería ilegal no es solo un delito ambiental, sino un cáncer de corrupción y violencia que amenaza con devorar al Estado. Y si no se enfrenta ahora, el Perú podría amanecer bajo la sombra de un cartel criminal que controle territorios y vidas con la misma brutalidad que el narcotráfico.
