Andrés Hurtado, hoy preso en Lurigancho, es investigado por tráfico de influencias y cohecho. La trama incluye barras de oro, sobornos y una red de favores al más alto nivel.
La Fiscalía no tiene intención de soltar a Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una ampliación de ocho meses en la investigación preparatoria contra el exconductor de televisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.
La solicitud fue presentada el 21 de mayo por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que investiga a Hurtado, a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y a otros implicados en una presunta red de corrupción.
La ampliación busca permitir diligencias clave aún pendientes y otras necesarias para esclarecer el caso. El juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará el pedido en una audiencia virtual que se realizará en los próximos días.
El caso involucra el supuesto pago de una coima por parte del empresario Javier Miu Leí, con el objetivo de recuperar barras de oro incautadas en 2020 por el Ministerio Público. Pero no es el único frente judicial que enfrenta “Chibolín”.
Actualmente, Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho, cumpliendo dos órdenes de prisión preventiva: una por 18 meses relacionada con este caso, y otra por 9 meses por irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019, presuntamente gestionado con favores ilícitos.
En tanto, Elizabeth Peralta, exfiscal superior, cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos. Por su parte, Javier Miu Lei e Iván Siucho (hermano del futbolista) enfrentan la investigación bajo comparecencia restringida.
Una vez más, la corrupción destapa las conexiones impensadas entre empresarios, fiscales, figuras televisivas y trámites oscuros. La justicia tiene la palabra. Pero el espectáculo sigue.
