La congresista Kira Alcarraz negó haber golpeado o amenazado a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo de control y responsabilizó a la entidad de un supuesto “modus operandi” para llevarse vehículos y cobrar multas pendientes. La Comisión de Ética del Congreso ha abierto una investigación de oficio por el presunto hecho.
La congresista Kira Alcarraz Agüero, legisladora no agrupada, rompió su silencio tras protagonizar un incidente con un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y justificó su reacción violenta, rechazando las acusaciones de agresión y acusando a la entidad de intentar llevarse vehículos de forma indebida para cobrar multas.
El hecho fue difundido por el programa Cuarto Poder, donde se observa a la parlamentaria enfrentándose con un trabajador del SAT que intentaba remolcar su vehículo durante un operativo de control vehicular en San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo.
Alcarraz insistió en que no golpeó al fiscalizador ni lo amenazó, aunque admitió que hubo un forcejeo por la posesión del celular del trabajador, el cual, según su versión, simplemente apagó y devolvió. Sostuvo que no existió agresión física en su contra, afirmando que un examen médico legal posterior arrojó resultado negativo de lesiones graves.
La congresista explicó que el conflicto se originó cuando el SAT le informó que su vehículo tenía una orden de captura por papeletas de tránsito, algo que ella negó rotundamente y atribuyó a un error administrativo. Según Alcarraz, los fiscalizadores habrían querido remolcar el auto bajo un procedimiento que ella calificó de “modus operandi” para generar cobros de grúa y depósito, lo cual, aseguró, “es algo que hacen con otros conductores”.
Durante la entrevista, Alcarraz también cuestionó la grabación del incidente por parte del fiscalizador y justificó su actitud como una reacción defensiva ante lo que consideró un acto arbitrario.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria presentó una denuncia ante la Policía Nacional por la presunta agresión física y la intromisión en funciones públicas por parte de la congresista durante la intervención, según comunicados oficiales de la entidad.
Ante este episodio, la Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad abrir una indagación de oficio para esclarecer los hechos y preservar la imagen institucional del Parlamento. El grupo de trabajo parlamentario investigará si hubo abuso de poder de parte de Alcarraz durante la intervención del vehículo y posibles faltas éticas en su conducta.
