La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó el pedido presentado por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Poder Judicial, en el que se solicita declarar ilegal al partido político Fuerza Popular por supuestos actos antidemocráticos que vulnerarían la Ley de Organizaciones Políticas.
La solicitud ingresó a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y está compuesta por un expediente de más de tres mil novecientos folios, elaborados a partir de denuncias ciudadanas e investigaciones fiscales. Según el Ministerio Público, el partido habría incurrido en prácticas contrarias a los principios democráticos, como la exclusión de congresistas por motivos de conciencia, la promoción de actos de violencia con fines políticos y la legitimación de ataques contra autoridades, funcionarios, opositores y periodistas.
La Fiscal de la Nación sostuvo que la Ley de Organizaciones Políticas faculta al Ministerio Público a solicitar la ilegalidad de una agrupación política cuando se acredita que sus acciones atentan contra el orden democrático y las libertades fundamentales.
Ante este escenario, Keiko Fujimori señaló que el pedido es un acto de persecución política y una medida abiertamente antidemocrática que busca debilitar a su organización. Afirmó que, pese a una década de investigaciones, nunca se ha demostrado que Fuerza Popular haya cometido los delitos que se le atribuyen, y sostuvo que esta acción constituye una cortina de humo destinada a desviar la atención de los cuestionamientos que enfrenta la propia Fiscal de la Nación.
La lideresa de Fuerza Popular advirtió que su partido continuará defendiendo su legalidad en el ámbito judicial y político, destacando que la medida afecta directamente a la democracia y a la voluntad de miles de ciudadanos que respaldan su organización.
Por su parte, la Fiscalía respondió que las críticas de Fujimori se emitieron antes de que la defensa del partido revise el extenso expediente presentado, reiterando que corresponde al Poder Judicial analizar las pruebas y tomar una decisión en el marco de la ley.
De prosperar la solicitud, Fuerza Popular perdería su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, lo que le impediría participar en los comicios generales de 2026 y supondría la disolución formal de su estructura partidaria. El proceso se da en un contexto de alta tensión política y podría tener un impacto decisivo en la configuración del escenario electoral del país.
El Poder Judicial deberá evaluar el caso en las próximas semanas y definir si corresponde declarar la ilegalidad del partido. Mientras tanto, Fuerza Popular ha ratificado que seguirá ejerciendo su labor política y se mantendrá en actividad hasta que exista un pronunciamiento definitivo.
