Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, denuncia persecución judicial y explica el fallo del Tribunal Constitucional.
Caso Cócteles y persecución judicial
La abogada penalista Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori durante más de una década, sostiene que el caso conocido como Cócteles fue un ejemplo claro de persecución judicial y abuso del sistema de justicia, según declaró en entrevista con Expreso. Loza analiza el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que archivó definitivamente el proceso, señala los errores del Ministerio Público, cuestiona el accionar del fiscal José Domingo Pérez y revela por qué su patrocinada ha decidido no demandar al Estado peruano, a pesar de haber estado 480 días en prisión preventiva sin condena.
Fallo del Tribunal Constitucional
El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, tenía la obligación legal de acatar la sentencia del TC. Sin embargo, el fiscal Pérez solicitó que se desacatara el fallo, lo que generó la convocatoria a una audiencia que Loza calificó de absurda desde el punto de vista jurídico.
El TC determinó que los hechos imputados no eran delito en 2011 ni en 2016, ya que el tipo penal de financiamiento ilegal de partidos fue incorporado recién en 2019. En consecuencia, la recepción de aportes para campañas políticas no constituía delito en esos años.
Prisión preventiva y afectación personal
Loza calificó los 480 días de prisión preventiva de Keiko Fujimori como uno de los periodos más duros que tuvo que atravesar, afectando su vida familiar y personal, así como la de varias personas involucradas en el caso. Señaló que el fiscal Pérez fue suspendido por seis meses por la Autoridad Nacional de Control, aunque solo por una de las múltiples irregularidades detectadas.
Deficiencias en la acusación
La acusación fue devuelta diecinueve veces por el juez Víctor Zúñiga Urday, lo que vulneró derechos procesales y evidenció la falta de rigurosidad y la intención de prolongar el proceso. La abogada asegura que Pérez actuó con sesgo ideológico y motivaciones personales, transformando su rol en un actor político que persiguió a Keiko Fujimori.
Persecución judicial confirmada
Loza enfatiza que existió una persecución judicial desde el inicio del proceso, vulnerando derechos fundamentales y afectando la honra de su patrocinada. Asegura que el caso está cerrado con calidad de cosa juzgada y que el Ministerio Público no puede reabrirlo ni insistir con nuevas imputaciones sobre los mismos hechos.
Decisión de no demandar al Estado
Pese a tener derecho a demandar al Estado por los daños sufridos, Keiko Fujimori ha decidido no hacerlo, prefiriendo cerrar este capítulo y mirar hacia el futuro. Sin embargo, otras personas involucradas podrían recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si consideran que sus derechos fueron vulnerados.
Lecciones para el sistema judicial
Loza concluye que este caso deja una lección profunda para el sistema judicial: no permitir que la justicia se utilice con fines políticos, exigir imparcialidad y eficiencia, y respetar la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de los ciudadanos.
