En los últimos días, la denuncia contra Junior Izquierdo, el capitán “Culebra”, por presunta organización criminal ha generado controversia. Se le acusa de ser parte de una supuesta organización infiltrada en la Policía Nacional y el Ministerio Público para «desestabilizar al Gobierno de turno». Sin embargo, esta acusación carece de los elementos necesarios para proceder legalmente y podría ser un intento de limitar el derecho de los ciudadanos a la justicia.
El despacho fiscal ha determinado que la denuncia no cumple con los requisitos del Código Penal. Solo se identifica a un supuesto miembro de la organización, cuando la ley requiere al menos tres. Además, no se presenta un marco temporal claro ni un objetivo específico para esta supuesta organización, lo cual debilita aún más las acusaciones. Afirmar que denunciar al gobierno es sinónimo de «desestabilizarlo» es peligroso y socava los derechos ciudadanos.
También es importante destacar que no se ha identificado un delito grave, como exige la Ley contra el Crimen Organizado. El intento del ministro del Interior de que la fiscalía asuma una investigación ya en curso en otro despacho parece un intento de invalidar las denuncias de Izquierdo. Esto podría interpretarse como una forma de presión para desestimar pruebas y testimonios que podrían comprometer a las autoridades.
El archivamiento de la denuncia por parte del Ministerio Público, al concluir que no hay base para investigar por organización criminal, debe considerarse un acto de justicia. No se puede permitir que las instituciones del Estado se utilicen para perseguir a quienes denuncian irregularidades, ya que eso socavaría la integridad del sistema judicial y los derechos de los ciudadanos.
En defensa de Junior Izquierdo, es necesario subrayar que las acusaciones en su contra parecen más un intento de intimidación que un esfuerzo genuino por buscar justicia. Es fundamental que el sistema de justicia se mantenga firme y se rija por la verdad y la equidad, sin permitir que se utilice como herramienta de persecución política.
En este contexto, es vital que todos los ciudadanos y las instituciones de justicia estén vigilantes para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que no se conviertan en armas de represión contra aquellos que buscan la verdad y la justicia.
